Ocho organizaciones defensoras de derechos humanos (DH) presentaron ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, una demanda para investigar las posibles responsabilidades de integrantes del Ejército Mexicano en los graves abusos cometidos contra la población civil durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCh), entre 2008 y 2010, abusos que, a juicio de los demandantes, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La denuncia está firmada por la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Renacer Lagunero, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y señala que en los dos años que duró ese operativo los militares (desplegados para combatir al crimen organizado en el contexto de la llamada 'guerra contra el narcotráfico') cometieron de forma sistemática crímenes graves, en particular, torturas, privaciones arbitrarias de la libertad física, desapariciones forzadas, asesinatos, violación y violencia sexual, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, competencia de la CPI debido a su carácter sistemático y por realizarse mediante patrones regulares de actuación, lo que constata su carácter organizado.

Con base en ello, afirma que integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el contexto de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad y hubo una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil, así como uso de recursos públicos para cometer los crímenes, como por ejemplo vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura.

Desde antes de que ocurrieran los hechos ahora denunciados se ha venido insistiendo en la improcedencia de utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública –una práctica anómala que vino a ser regularizada hace unos meses por la Ley de Seguridad Interior–, en la necesidad de moralizar y profesionalizar a las corporaciones policiales de los distintos niveles de gobierno para que cumplieran con eficiencia su tarea y en la pertinencia de regresar a los militares a sus cuarteles lo antes posible.

Por otra parte, en los delitos denunciados ayer en La Haya hay una responsabilidad insoslayable y principal de los mandos civiles, ya que fueron cometidos bajo sus órdenes. No debe olvidarse que desde noviembre de 2011 existe en la CPI una demanda interpuesta por más de 23 mil ciudadanos en contra de Felipe Calderón Hinojosa y varios de sus ex colaboradores, así como de los cabecillas del cártel de Sinaloa, por crímenes de lesa humanidad perpetrados por ambos bandos durante el calderonato.