Gabriela Rodríguez

Hace un año terminamos la construcción de la Constitución de la Ciudad de México, la primera Carta Magna de los capitalinos incluye 71 artículos generales, reconoce los más emergentes derechos humanos y mandata la creación de una nueva arquitectura institucional para hacer exigibles los derechos, renovar la organización política de los poderes y de las alcaldías, ampliar la participación ciudadana en todas las esferas gubernamentales y transformar el sistema de justicia. Una Constitución que fue producto del diálogo y la deliberación con base en argumentaciones sustantivas, ejercicio inédito en un país donde la práctica de los congresos locales, y del federal, es la imposición de leyes por parte de las fracciones mayoritarias. Formalmente, esa Constitución no entrará en vigor sino hasta el 17 de septiembre del presente año, pero acciones de gobierno y de la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal han impulsado leyes secundarias y acuerdos que contradicen aspectos relevantes del texto logrado con tantas dificultades en enero del año pasado.

No pretendo ser exhaustiva, pero el Observatorio Ciudadano para la Defensa de la Constitución de la Ciudad advirtió distintas consideraciones: las nuevas leyes incumplen reglas de paridad de género y cambian fechas de procesos legislativos, no quitaron el fuero tal como se eliminó en la Constitución, desconocen instrumentos de planeación, evaluación de políticas y de seguridad pública. La Ley del Poder Judicial omite la figura del Consejo Judicial Ciudadano para el nombramiento del Consejo de la Judicatura y la de Alcaldías omiten las figuras de contralor ciudadano y el programa de mejoramiento barrial. Entre los mandatos constitucionales al Congreso está el de expedir una ley que establezca las bases para que las alcaldías convengan con el jefe de Gobierno la operación de cuerpos de policía de proximidad, porque es un hecho que está fallando la prevención del delito.

Una de las acciones más preocupantes es que en vez de fortalecer la participación ciudadana como lo mandata la nueva Constitución, en la elección de responsables para acabar con la corrupción se están favoreciendo candidatos a modo. A fin de sostener la impunidad ante múltiples actos ilegales e injustos realizados por gobernantes locales, se quiere imponer a personas sin el perfil ético y profesional como comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Infodf). El colmo es que concursen hasta operadores de Mauricio Toledo, quien actualmente cuenta con sinnúmero de denuncias administrativas y penales, además del señalamiento como probable responsable de las recientes agresiones a los mítines de la precandidata para jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Por fortuna, entre los aspirantes hay cerca de 15 que sí cubren las condiciones de elegibilidad para garantizar la independencia del organismo. El observatorio enlista un conjunto de peticiones: cumplir el principio de seguridad jurídica, dotar a cabalidad de los principios que promueven seguridad jurídica, transparencia, máxima publicidad, certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad; asegurar que se privilegie la capacidad y trayectoria de las mujeres participantes en igualdad de condiciones respecto al otro sexo, asumiendo la importancia de contar con un espacio que acorté la brecha de género en espacios de toma de decisiones. Antecedente importante y con resultados positivos ocurrió ya en la Asamblea Legislativa, cuando la activa participación de las organizaciones impidió que se religiera en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a la anterior titular de dicha comisión, quien lejos de defender a las víctimas de derechos humanos de la ciudad, se distinguió por encubrir los actos de los funcionarios capitalinos.

Pero una de las burlas más burdas a la Constitución de la ciudad queda a la vista ante el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, el estudiante de 17 años de la Prepa 8. Un acto que evidencia hasta dónde la policía capitalina no sólo falla en proteger la seguridad de los capitalinos, sino que se ha convertido en violador principal de derechos humanos. Gracias a la presencia de un testigo presencial y a las redes sociales, vimos fotografías y supimos que Marco Antonio fue arbitrariamente detenido y golpeado por miembros de la policía citadina y luego desaparecido. Increíble, la opacidad total de lo ocurrido en esos cinco días, lo único que nos queda claro es que la intensa movilización social fue quien lo salvó de un mal irreparable. La respuesta del jefe de Gobierno deja mucho que desear, en vez de que Miguel Ángel Mancera vaya a presumir a la ONU nuestra nueva Constitución capitalina, sería mejor que se abocara a cumplirla, lo menos que podemos pedirle al ex titular de la Procuraduría capitalina es que garantice el derecho a la integridad, el acceso a la justicia, a la seguridad, al espacio público, a la movilidad, a la seguridad urbana y a la protección civil, a la seguridad ciudadana, a la prevención de la violencia y del delito y el derecho de las víctimas (capítulo II de la Constitución CDMX). Ya va más de una semana y no sabemos nada de lo que ocurrió a Marco Antonio. Pero esta vez constataremos lo que es tener un perfil ad hoc dirigiendo la CDHDF, pienso que serán sus abogados y visitadores, que están al frente del caso, quienes nos aclararán lo ocurrido.