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Octavio Rodríguez Araujo

Con amistad y afecto le robo a Carmen Aristegui el título y algunas ideas muy sugerentes de su artículo en Reforma del 5 de enero.

Ella indica que en este sexenio han sido asesinados 26 alcaldes, además de candidatos y políticos de varios partidos. Asimismo, hace mención de la muerte de buena cantidad de periodistas, algunos de ellos por escribir sobre política y narcotráfico. Y casi al final de su artículo Carmen escribió: “Los candidatos a la Presidencia, a las gubernaturas, a los municipios y Congresos no pueden eludir este tema. Tienen que tomar postura y plantear caminos de salida. Por ahí cruza la verdadera naturaleza de lo que se juega en 2018. No se trata sólo de quién gana o quién pierde un cargo de elección popular. Se trata de saber si con estas elecciones México logra desmontar la narcopolítica instalada en regiones enteras o si, por el contrario, el negocio de la delincuencia organizada, que penetra estructuras políticas, seguirá devastando la entraña nacional después de las elecciones 2018”. Muy oportuna, me parece, su llamada de atención a quienes están compitiendo este año para cargos de elección, incluidos los hasta ahora precandidatos presidenciales.

En los meses recientes he tenido la curiosidad de ver en televisión todas las series y documentales que se han exhibido sobre narcos. Entre los documentales señalo Dope, Freeway: Crack in the System y Drugs, Inc., y de las series menciono algunas más apegadas a la ficción que a la realidad, como El señor de los cielos, The Bridge y El Chema, y otras más, también de ficción pero con mayor base real, como Narcos y El Chapo (muy sugerentes). En todos estos programas (documentales y series) encontré un común denominador: los gobiernos, mediante instituciones, agencias o personas, han estado involucrados en el narcotráfico de una u otra manera, a veces favoreciendo a un cártel en perjuicio de otros, en otras ocasiones para desestabilizar zonas o países para que gane un candidato y pierdan otros o también para dañar deliberadamente a grupos sociales (y étnicos) con drogas y luego reprimirlos y/o aislarlos ( Dope y Freeway, por ejemplo, referidos a grupos afroamericanos pobres en varias ciudades de Estados Unidos) y, de paso, para financiar a La Contra en Nicaragua (como ciertamente ocurrió). También hay, desde luego, muchos libros, desde uno de los pioneros, el de James Mills ( The Underground Empire: Where Crime and Governments Embrace, 1986), hasta los de Anabel Hernández ( Los señores del narco), Diego Enrique Osorno ( El cártel de Sinaloa y La guerra de los Zetas), José Reveles ( El cártel incómodo) y otros más que largo sería nombrar. Haber visto y leído lo citado y otras fuentes no me hace, de ninguna manera, experto en el tema, pero sí me permite suponer que algo habrá de cierto, incluso en las series de ficción. Por ahí se adivinan a personajes de la vida real como Gutiérrez Rebollo o García Luna y muchos más que no menciono para no jugar al spoiler. Si en las series, documentales y libros se les hace justicia o no a los narcotraficantes y a los políticos, es para mí irrelevante. Lo que sí preocupa es que lo reducido o considerable que tengan de apego a la realidad sea lo que de verdad sucede, con muchos o pocos matices.

Lo que importa, y en esto coincido obviamente con Carmen, es que no se puede eludir el tema y que, en consecuencia, deben proponerse salidas y no hacernos (todos, tanto políticos como ciudadanos comunes) los desentendidos, como si no pasara nada, pues sería muy lamentable que los signos de inestabilidad y miedo que vivimos en la actualidad configuren el contexto en que se desenvolverán las elecciones de este año. Tanto el miedo como la inestabilidad podrían enturbiar todavía más el proceso electoral y nadie, que no esté involucrado en esa peligrosa aunque hipotética asociación, saldría ganando, mucho menos el país.

En río revuelto, diría un descendiente lejano de Heráclito, ganancia de pescadores. Por lo que si las aguas se enturbian y mueren asesinados funcionarios públicos y políticos que aspiren a un cargo, además de comunicadores profesionales (sólo en 2017 fueron asesinados 12), ¿quién saldría ganando? Esta es la cuestión.

En principio y por el número de asesinatos, podríamos suponer que tanto el PAN como el PRI saldrían perjudicados. El primero, porque según nota de El País (23/12/17), “desde la salida de los militares a patrullar las calles en diciembre de 2006, los índices de asesinatos –homicidios dolosos, el delito más relacionado con el crimen organizado– se dispararon hasta el pico de 2011”, en el que se registraron, oficialmente, poco más de 27 mil homicidios (en ese año). El segundo, porque, según esta misma fuente (07/01/18), el número de asesinatos no sólo rebasó (hasta noviembre del año pasado) la cifra de 26 mil 500, sino que ese año, que apenas terminó, ha sido considerado el más violento del que se tiene registro. Y, sin que quiera establecer una relación de causalidad, el hecho comprobable es que a mayor intervención gubernamental/militar más homicidios y más conflictos entre los grupos organizados de criminales, señaladamente de narcotraficantes. Antes de que Calderón golpeara tontamente el avispero y de que Peña continuara con la misma política, ya había tráfico de drogas y cárteles famosos, pero la violencia era menor y, desde luego, más localizada y controlada. Descabezan y brotan 10 más (o las que sean) por cada una que cercenan. Y el cuento de nunca acabar sigue tan campante provocando no sólo inseguridad sino miedo en un año particularmente sensible, en el que se juega el cambio de poderes públicos en el país.

Querámoslo o no, la política y el narco se encuentran enlazados en un nudo que nadie, todavía, sabe cómo deshacer sin romper la cuerda y caer en el caos. ¿Y de éste quiénes nos salvarán?

Bueno sería que los precandidatos nos digan qué piensan al respecto (sin especulaciones) y cómo creen (sin ocurrencias) que lo van a resolver, puesto que lo hecho hasta ahora obviamente no ha funcionado.

Jose María Carmona

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