Donald Trump dio un viraje inesperado en su política xenofóbica al reconocer por primera vez la posibilidad de que partes del muro en la frontera mexicana, que ha sido su principal bandera propagandística de campaña y de gobierno, sean virtuales y no físicas; al reunirse con legisladores de ambos partidos para encontrar una solución al problema de los dreamers, y ante todo al señalar la posibilidad de una reforma migratoria integral, algo que ha sido anatema para el conservadurismo por décadas.

Sin embargo, la concreción de estos gestos de apertura fue condicionada a contramedidas draconianas, tales como la aprobación de una primera partida de fondos para el muro o el fin de las directrices que facilitan la reunión de familias separadas por la nacionalidad de sus miembros. Además, grupos de la ultraderecha repudiaron de inmediato cualquier disposición que favorezca a quienes cruzaron la frontera sin documentos.

El tema de los dreamers ocupa un lugar delicado en el debate político estadunidense. Se trata de personas jóvenes que ingresaron a Estados Unidos siendo niños de familias indocumentadas o que permanecieron en el país tras el vencimiento de sus visados, que se encuentran en edad de estudiar y que han formado todos sus lazos sociales, académicos y afectivos dentro de territorio estadunidense. Por estos motivos, cuentan con amplias simpatías entre la opinión pública, e incluso algunos de quienes se oponen al ingreso o permanencia de migrantes reconocen que la situación de estos jóvenes merece un tratamiento especial. Ante la imposibilidad de convencer al Partido Republicano de acompañar una legislación que regularizara de manera definitiva el estatus legal de los dreamers, el ex presidente demócrata Barack Obama implementó el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual impedía su deportación. En septiembre pasado, Trump canceló DACA y dejó a 800 mil dreamers expuestos a las acciones antimigrantes, aunque debido a las presiones provenientes de gobernadores, universidades, defensores de derechos humanos y empresarios debió conceder un periodo de dos años antes del retiro de la protección.

Sólo unas horas después de que se abriera esta nueva esperanza para los jóvenes antes protegidos por DACA, el anhelo de obtener el reconocimiento jurídico de su nacionalidad volvió a alejarse tras las declaraciones viscerales y ajenas a la institucionalidad con que el magnate reaccionó al fallo de un juez federal que bloquea la cancelación de DACA, en tanto los juicios interpuestos contra la medida se desahogan en tribunales. Aunque hasta ahora no se sabe si las bravatas de Trump contra el sistema de justicia tendrán un impacto en las pláticas que llevan a cabo los legisladores, ciertamente dejaron expuesta la fragilidad de cualquier oferta conciliadora proveniente del inquilino de la Casa Blanca.

Está claro que las vidas de cientos de miles de jóvenes, como las de los 11 millones de personas que residen en Estados Unidos sin documentos migratorios, no pueden ser rehenes de pugnas políticas ni quedar expuestas al chantaje de convertirse en moneda de cambio en negociaciones cupulares mezquinas. En cambio, la situación legal de quienes residen en un país diferente al de su nacimiento debe tramitarse con el único criterio de la salvaguarda de sus derechos humanos.