El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, inauguró ayer en Puerto Vallarta la reunión del pacto mundial para una migración segura, ordenada y regulada, instancia de la Organización de las Naciones Unidas que busca establecer de aquí al año entrante un acuerdo para la gestión humanitaria de flujos de migrantes y de refugiados. Aunque se trataría de un instrumento no vinculante para los países signatarios, Estados Unidos anunció el sábado pasado su retiro de las pláticas con el argumento de que nuestras decisiones sobre política migratoria serán tomadas por estadunidenses y sólo por estadunidenses.

Con este antecedente, el hecho más notable de la reunión que se inició ayer, y que deberá culminar mañana, fue, paradójicamente, la ausencia de una representación oficial de Estados Unidos.

No puede pasarse por alto, en efecto, el hecho de que el territorio estadunidense es el principal sitio de destino para las corrientes migratorias que se originan en distintos países, el nuestro entre ellos, y que sin la presencia de Washington el pacto que se pretende firmar tendrá una vigencia acotada y una significación global muy disminuida.

Videgaray afirmó en el discurso inaugural que, al no participar en este esfuerzo de la comunidad internacional, Estados Unidos pierde la oportunidad de liderazgo, pero debe considerarse que México pierde algo mucho más significativo: la posibilidad de normar por medio de un instrumento internacional la estancia de millones de connacionales en el país vecino y el tránsito a él de cientos de miles de mexicanos y extranjeros por la frontera común.

Más preocupante aún, el portazo de Donald Trump al pacto migratorio confirma la determinación de la Casa Blanca de cerrar el territorio de Estados Unidos a los extranjeros y de expulsar prácticamente a to-dos aquellos habitantes que no cuenten con los documentos migratorios requeridos.

Estas circunstancias tienen una relevancia económica y social pocas veces considerada: en los hechos, la economía mexicana ha sido orientada desde hace décadas, se admita o no, hacia un modelo exportador de población. De hecho, las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos constituyen la principal fuente de divisas para nuestro país.

A pesar de los buenos propósitos formulados en el discurso oficial, poco se ha hecho desde el triunfo electoral del republicano, hace más de un año, para crear en México condiciones propicias para el retorno de migrantes mexicanos, y no se ha esbozado ni un proyecto para reconfigurar la economía a fin de amortiguar la eventual pérdida o reducción drástica de remesas y la situación de desastre que tal fenómeno traería para las finanzas nacionales.

Más allá de participar correctamente en negociaciones multilaterales para procurar condiciones globales más ordenadas y más humanas para los migrantes y refugiados –que resultan particularmente necesarias en México, que además de expulsor de población es país de destino y de tránsito–, es claro que las autoridades deben empezar a plantearse seriamente una realidad en la que la emigración de connacionales a Estados Unidos deje de ser una muleta para la economía y una válvula de escape para el malestar social generado por la pobreza, la desigualdad y la marginación.