La economía mexicana se está desacelerando más de lo anticipado. Continúan a la baja

los estimados de crecimiento del PIB de México para este año, incluyendo el de la encuesta

que levanta el Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, cuya mediana fue revisada

de 1.2% a 0.9%. La economía mexicana se ha visto afectada por un panorama global complejo,

así como diversos choques internos, entre los que destacan la falta de suministro de

combustible en varias entidades y por varios días cuando inició el combate al “huachicoleo”, las

huelgas en la industria maquiladora en Tamaulipas, el bloqueo de vías férreas en Michoacán y

la suspensión indefinida de grandes obras de construcción en la Ciudad de México. A esto se

ha agregado la falta de generación de confianza para que el sector privado reactive proyectos

de inversión que usualmente se posponen en años electorales y que se reanudan a mediados

del primer año de sexenio, pero no ha ocurrido hasta el momento. En concordancia con lo

anterior, ayer el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su pronóstico de crecimiento

para la economía mexicana para 2019, de 1.6% a 0.9%, mientras que dejó inalterada su

estimación para 2020 en 1.9%.

Falta de generación de confianza para invertir. Ha habido decisiones del nuevo gobierno

que no están generando la confianza necesaria para que se reactiven proyectos de inversión,

así como decisiones de consumo de mediano y largo plazo. Tal es el caso de haber cancelado

las subastas para las asociaciones estratégicas de Pemex con el sector privado o ‘farmouts’

—a escasas horas de haber firmado un acuerdo de inversión con la cúpula empresarial

mexicana—, el arbitraje de los contratos de Comisión Federal de Electricidad (CFE) con varias

empresas privadas respecto a varios ductos de gas natural, la suspensión generalizada e

indefinida de una gran cantidad de obras de construcción en la Ciudad de México, las diversas

iniciativas que varios legisladores presentaron hace algunos meses (en torno a remover las

concesiones de la empresas mineras, eliminar las comisiones bancarias, utilizar las reservas

internacionales del banco central para financiar infraestructura y cambiar el sistema de

administración de fondos para el retiro a una sola afore administrada por el Estado, así como la

aprobación de la “Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de

México”, cuyo artículo 60 —afortunadamente abrogado— promovía una cultura de no pago e

invasiones en predios residenciales para renta en la capital de nuestro país. Asimismo, la

reciente renuncia —y la forma en como se dio— del ex secretario de Hacienda y Crédito Público,

Carlos Urzúa, tampoco abonó a generar confianza, a pesar de que tanto los empresarios como

los inversionistas y analistas nacionales y extranjeros, así como en el propio IMEF, vemos con

muy buenos ojos al secretario Arturo Herrera.