Eduardo Murillo

Aunque no es la primera vez que el tema de la educación pública es llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sí es la primera ocasión en que un ministro frena el reparto de los libros de texto gratuitos en una entidad de la República. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) prepara ya un recurso para impugnar la medida cautelar concedida por el ministro Luis María Aguilar Morales, que impide distribuir este material didáctico en Chihuahua.

El recurso de la CJEF se basa en los artículos 14 y 15 de Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, que prohíben expresamente a los ministros de la SCJN suspender los efectos de una norma general, o cuando esta medida ponga en peligro la seguridad o economías nacionales, las instituciones fundamentales o pueda afectar gravemente a la sociedad.

La consejería ha esgrimido este argumento en contra de otras suspensiones otorgadas por la SCJN; sin embargo, la mayoría de los ministros han sostenido que la medida cautelar sí puede aplicarse cuando se trate de prevenir posibles violaciones a derechos humanos.

La CJEF tiene un plazo de cinco días, contados a partir de que sea notificada, para interponer su recurso de reclamación.

La vía jurídica ha sido uno de los muchos caminos que se han seguido para impugnar la educación laica y gratuita que debe impartir el Estado, conforme a la Constitución de 1917. Ese mismo año se creó la hoy Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización que promovió el amparo contra los libros de texto gratuitos de 2023.

La misma Constitución de 1917, que otorgaba la libertad de enseñanza, la libertad de cultos, y que prohibía al Congreso legislar para proscribir alguna religión, daba también a los padres el derecho de petición y el juicio de amparo para poder reformar las leyes que limitaban la libertad de enseñanza, señaló el académico de la Universidad Pedagógica Nacional José Antonio Padilla de la Peña en su tesis de doctorado sobre el surgimiento de la UNPF.

Por su parte, José María Soberanes, profesor e investigador de la Universidad Panamericana, expuso que aún en este siglo la SCJN ha tenido que dirimir varios litigios constitucionales sobre reformas legales en este sector, como en 2000, cuando el entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, impugnó la descentralización educativa, o en 2015 con las controversias constitucionales por la reforma promovida por el presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, advierte que no hay antecedentes en la SCJN de un litigio como el actual: es un caso muy complejo, porque más allá de la coyuntura política y de los colores, aquí están los niños de por medio. Creo que es muy delicado que se les quiera usar, tanto por los gobiernos locales como por el federal, como rehenes de sus pretensiones políticas, es algo que deberíamos tratar con mucho cuidado, porque es su educación y es su futuro, y es a quienes estamos perjudicando con esto.