Ángeles Cruz Martínez

Critican la falta de contundencia en la respuesta federal

La violencia multidimensional que afecta a comunidades rurales en Chiapas y Guerrero persiste con grupos paramilitares y del crimen organizado, que desde hace años provocan el desplazamiento de personas, desapariciones forzadas y muertes, sin que exista una solución viable al problema, advirtieron activistas en el foro Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, convocado por organizaciones civiles.

Jesús Plácido, integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), aseguró que en las diferentes regiones de la entidad, las autoridades municipales y los partidos políticos están involucrados o mantienen nexos con el crimen organizado. Llevan 30 años operando en la Montaña baja.

Resaltó que por el vacío de autoridad, se creó la policía comunitaria en 2008. Ante la inacción de los gobiernos estatal y federal, el objetivo aún es evitar que las bandas entren a las comunidades, que paren los asesinatos y favorecer la construcción de un sistema autónomo en los ámbitos social, de salud y economía.

El antropólogo y colaborador de La Jornada Gilberto López y Rivas afirmó que en Chiapas prevalece una situación de emergencia, en particular en los territorios donde se encuentra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Luchadores sociales, representantes comunitarios y analistas compartieron sus opiniones en el foro Del horror de la guerra a la resistencia por la vida.Foto Cuartoscuro

Sostuvo que existe una estrategia de contrainsurgencia que opera con grupos armados, paramilitares, que multiplican sus ataques contra las comunidades zapatistas. Además, es creciente la presencia del crimen organizado, en el marco de la militarización, promovida por el gobierno federal. Así se encuentra la población en Chiapas, aseguró el experto y cuestionó que la respuesta federal esté centrada en programas sociales, como Sembrando Vida y la pensión para adultos mayores, mientras la espiral de violencia se impone como modo de vida.

Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, afirmó que la ola de hostilidad ha provocado la ruptura del tejido social, en tanto los subsidios gubernamentales entregados directamente a las personas profundizan las tensiones por afanes de crear clientelismo y desarrollo de fuerzas corporativistas. Acusó, además, que cuando los militares permanecen emplazados por largo tiempo en los territorios son infiltrados por la delincuencia organizada.