Fabiola Martínez

Morena reprochó que en la regulación impuesta por las autoridades electorales a los procesos emprendidos por los partidos políticos se impusieran restricciones a los servidores públicos con el propósito –aseguró– de golpear y afectar la libertad de expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta disposición tiene como destinatario particular al Presidente de la República para que no pueda referirse a (Xóchitl Gálvez y Santiago Creel) aspirantes del frente opositor, aun cuando, según su modelo, ellos tienen la posibilidad (de ser aspirantes) y seguir siendo servidores públicos; por esa condición ellos deberían estar sujetos a la crítica de cualquier persona, incluida el Presidente, expuso Eurípides Flores, representante de Morena ante el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE elaborar lineamientos para fiscalizar a los aspirantes a la Presidencia de la República. Y aunque estos procesos tomaron diferentes nombres en los bloques políticos, consejeros y representantes dejaron en claro que tienen ahora la responsabilidad de actuar o vigilar este proceso inédito. Y, con matices, señalaron que podrían estar o no de acuerdo con la coyuntura actual pero estaban ante una orden de la máxima instancia electoral del país.

La única que mostró abiertamente su desacuerdo con estos actos adelantados a los tiempos legales fue la consejera Claudia Zavala, quien en un tono similar al expresado, también en solitario por la magistrada Janine Otálora, en la Sala Superior del TEPJF, subrayó que la orden del tribunal tensa el sistema constitucional y legal, porque el marco normativo del país no incluye periodo de pre-precampaña que en los hechos –dijo– son actos de proselitismo que realizan distintos actores políticos.

Me preocupa mucho lo que está sucediendo, y me preocupa porque estas acciones de proselitismo encubierto generan una afrenta al estado de derecho, desde quienes se supone que están mayormente obligados a dar ejemplo de la importancia del cumplimiento de la ley... Hay una fuerte presencia de grupos que retan al poder del Estado, advirtió.

El resto admitió la realidad, lo inédito, pero sobre todo dejaron en claro que ante una sentencia de la Sala Superior no hay más margen de acción que cumplirla y, aun así, quedar sujetos al criterio de los magistrados quienes determinarán luego si su orden fue acatada en los términos previstos.

En la mesa del consejo general, los representantes morenistas defendieron la legitimidad de la estrategia que dieron a conocer el pasado 11 de junio. Ellos le llamaron convocatoria para elegir al coordinador de la defensa de la 4T, mientras la oposición, casi un mes después optó por elegir a un representante para defender al Frente Amplio por México.

Luego de una tanda de impugnaciones de ambos bandos, el TEPJF –por mayoría de votos– avaló la legalidad de ambos procesos.

Ya con los lineamientos sobre la mesa, sólo con la posibilidad de hacer algunos ajustes a los parámetros dictados por los magistrados, Morena no dejó de insistir en que el modelo de vigilancia y fiscalización –que ayer mismo entró en vigor– da luz verde para que los aspirantes “puedan ir por la mañana a una sesión del Congreso, por la tarde ir a un evento de su Frente contra México, y por la noche injuriar al Presidente, quien –subrayó Eurípides Flores– no tendría la posibilidad de hacer ninguna referencia” en respuesta.