Ángeles Cruz Martínez

Periodistas entregaron una carta en la representación del gobierno de Nayarit en la CDMX.

Un grupo de periodistas acudió ayer a la representación del gobierno de Nayarit en la Ciudad de México para entregar una carta dirigida a las autoridades del estado y municipios, a las que exigieron se agoten todas las líneas de investigación sobre los casos de desaparición forzada de dos periodistas y el asesinato de Luis Martín Sánchez Íñiguez.

En particular, plantearon que las indagatorias se deben vincular con el ejercicio periodístico de las víctimas. La misiva fue firmada por 366 trabajadores de medios de comunicación y 17 redes de periodistas y organizaciones civiles.

También demandaron que se garantice en la entidad la seguridad del entorno de todos los comunicadores en los 20 municipios, a fin de que puedan ejercer su trabajo y continuar con su vida cotidiana.

Los hechos de la semana pasada ponen de manifiesto el peligro que corremos todas las personas en cualquier momento, resaltaron.

En el documento exigieron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República, atraiga la investigación y se lleve a cabo conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, ya que cuentan con recursos especializados para ese fin.

También pedimos garantías para acceder al derecho de información, para que en todo momento se den a conocer los resultados de las investigaciones, ya que se trata de un asunto de interés público.

Si bien ayer se informó que Osiris Maldonado y Jonathan Lora, quienes permanecieron privados de su libertad y aparecieron con vida, no han presentado denuncia penal alguna, en la carta sus colegas exigieron a las autoridades que con celeridad se les proporcionen medidas de protección a ellos, a sus familias y a la del fallecido Sánchez Íñiguez.

Insistieron en que estas desapariciones afectan gravemente a las personas involucradas, a sus familias, al gremio y a la sociedad en general, porque son acciones violentas que trastocan la paz pública y ponen de manifiesto el peligro que corremos todos.