Lilian Hernández Osorio

En medio de las giras de las llamadas corcholatas de Morena y del anuncio del método de selección de la alianza Va por México para elegir a su candidato presidencial, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes Barrera alertó que los elementos de las salas que conforman este órgano debemos vigilar atentamente el principio de equidad en la contienda.

Sin hacer referencia a las acciones que han emprendido los aspirantes a coordinador nacional de defensa de la Cuarta Transformación de Morena o las que efectuaron los partidos de oposición, el integrante de la Sala Superior aseveró que la tarea de los magistrados electorales es evitar regresiones en la democracia mexicana, para avanzar en los derechos políticos como derechos humanos.

Al participar en la develación de la placa conmemorativa Tribunal Federal Electoral 1990-1994, en Hamburgo 18, donde fue la primera sede del TEPJF y que hoy alberga oficinas del IMSS, en la colonia Juárez, Fuentes Barrera aseveró que la sociedad mexicana actual necesita “seguridad y certeza jurídica y darle al país una democracia de mayor calidad.

Necesitamos un TEPJF sólido, firme, fuerte, y la solidez sólo se da a través de la independencia, autonomía e imparcialidad, afirmó al señalar que esa es la imagen que ese órgano debe dar ante la sociedad.

Por otro lado, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien también acudió a la develación de la placa conmemorativa, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya invalidado la segunda parte del plan B que aprobó el Congreso de la Unión, porque esto representa certeza en torno a cuál será la legislación aplicable en el proceso de 2024.

Teníamos dos posibles legislaciones aplicables, faltaban unas semanas para iniciar el proceso electoral y no teníamos seguridad, ni siquiera en torno, por ejemplo, justo al inicio del proceso, ¿no? Si empezaba en septiembre o empezaba en noviembre, recordó, tras agregar que confía en que exista la prudencia y la racionalidad para que pueda haber una reforma electoral por consenso en la primera mitad del próximo sexenio.