Grupos de la delincuencia aprovechan el abandono institucional a los afectados

Diversos grupos de la delincuencia organizada se han aprovechado de las diferencias internas de los ejidos que habían desarrollado proyectos forestales comunitarios exitosos, y ahora son ellos quienes controlan la extracción de la madera, según fuentes del gobierno de Guerrero.

Los informantes, funcionarios de la administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, dijeron haber confirmado que en los ejidos han aumentado los grupos que se dividen los volúmenes de aprovechamiento, y no hay una vigilancia sobre los montos de extracción, debido al debilitamiento de las estructuras de gobierno, de los órganos directivos, así como de las asambleas ejidales.

Agregaron que la presencia y apoyo de las instituciones en las regiones forestales están cada vez más diluidos; falta representación de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil y hay poca o nula participación de los ayuntamientos municipales en las actividades de protección de los recursos forestales.

Mencionaron que sólo 46 por ciento de los predios autorizados aprovechan sus recursos maderables de forma periódica, y los municipios que padecen mayores problemas son Chilpancingo, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo de Azueta, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y La Unión.

Por su parte, organizaciones sociales, no gubernamentales y defensoras de los bosques, coinciden en que los ingresos de grupos criminales derivados del cultivo y la comercialización de estupefacientes, y el colapso del mercado de la goma de opio, disminuyeron considerablemente en municipios de las zonas Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero.

Señalaron que agrupaciones delincuenciales llevan a cabo tala ilegal y comercialización clandestina de madera en rollo, lo que les permite conquistar territorios y partidarios a sus intereses regionales.

Acotaron que algunos ejidatarios saquean y talan bosques con respaldo de maleantes y la participación de funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras dependencias e instituciones.

Durante 2018, en el ejido Cordón Grande del municipio de Tecpan de Galeana, se gestó un proceso de inestabilidad social por la tala ilegal, que provocó la extracción de más de mil metros cúbicos rollos, es decir, el volumen que pueden contener 41 camiones Torton con capacidad para transportar 24 metros cúbicos de rollo por viaje.

Organismos sociales coinciden en que el abandono institucional y la injusticia social generan ingobernabilidad, ocupación territorial del crimen organizado, pobreza, desorganización y deterioro del tejido social, al igual que desinterés del Estado para el desarrollo, lo que finalmente se expresa de forma violenta.

Para simular un aprovechamiento legal, la madera en rollo se corta en patios de concentración o almacenamiento de materias primas.

Denuncian que en las serranías de las zonas Costa Grande y Tierra Caliente, empresarios michoacanos oriundos de San Antonio Villalongín y Morelia financian y promueven el aprovechamiento ilegal de madera a través de industriales locales, intermediarios corredores, ejidatarios y lugartenientes de grupos organizados.

Para simular un aprovechamiento legal, la madera en rollo del área se corta en patios de concentración o almacenamiento de materias primas, se adquieren al mejor postor y su precio oscila entre 2 mil 500 y 5 mil pesos por folio.

Se adquieren también en aserraderos, patios de almacenamiento locales, a valores que fluctúan de 5 mil a 10 mil pesos por folio, con apoyo de corporaciones policiacas que protegen a tráileres cargados hasta con 60 mil metros cúbicos rollos que transitan por la carretera federal Acapulco -Zihuatanejo-Uruapan, en fletes que implican a hasta ocho vehículos que cada tres días van juntos cargados con madera en rollo.

En Guerrero, de acuerdo con datos oficiales, se deforestaron 239 mil 613 hectáreas entre 2001 y 2018, equivalente a un promedio anual de 13 mil 311.8 hectáreas.

Uno de los ecosistemas más frágiles es el manglar, el cual se integra con especies de árboles de origen terrestre, que se han adaptado para sobrevivir en ambientes inundables con alto grado de salinidad, suelen estar restringidos a zonas tropicales y se ubican en costas, lagunas, ríos y deltas.

En la entidad se encuentran cuatro especies de mangle: Rhizophora mangle (mangle rojo), Laguncularia racemosa (mangle blanco), Conocarpus erectus (mangle botoncillo) y Avicennia germinans (mangle prieto o salado).

Los manglares guerrerenses cubren 0.18 por ciento de la superficie total del estado, y 11 mil 441.68 hectáreas se han deteriorado debido a que este tipo de humedal no está resguardado en el estado por alguna normatividad, mientras en otras entidades del país se le ha dado la categoría de área natural protegida para su conservación y manejo.

Por otro lado, se destacan las acciones contra la deforestación en Guerrero a través del Consejo Forestal Estatal que, indicaron fuentes, atienden los temas de deforestación y tala clandestina, con base al enunciado que realizó la Semarnat el día 27 de octubre de 2021, sobre la estrategia contra la deforestación y tala ilegal en los estados de Chihuahua, Jalisco, México, Guerrero, Chiapas y Campeche, por lo que se está atendiendo dicha problemática, principalmente en las regiones Costa Grande, Tierra Caliente y Centro, toda vez que existen aprovechamientos sin las técnicas adecuadas de los recursos forestales maderables, talas clandestinas y deforestaciones.