Jessica Xantomila y Néstor Jiménez

Una colombiana duerme con su hija en un campamento improvisado, cerca de Jacumba, California. Unas 40 personas han esperado cuatro días allí para solicitar asilo.

El Título 42, disposición del gobierno de Estados Unidos usada a partir de 2020 bajo el argumento de evitar contagios de covid-19, triplicó el número de expulsiones o devoluciones de personas desde ese país hacia México. La medida estuvo acompañada desde su inicio por un incremento de muertes de migrantes y denuncias de inseguridad y violencia que padecieron quienes quedaron en territorio nacional.

Por ejemplo, en 2017, cuando no operaba el Título 42, hubo 385 mil personas expulsadas o devueltas desde el país vecino, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación. En tanto, para 2021 y para 2022, ya con esa disposición, fueron más de un millón de personas devueltas cada año hacia territorio mexicano, reportó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Retorno de connacionales

Durante los tres años que estuvo vigente hasta este jueves que concluye la medida, hubo más de 2.8 millones de expulsiones hacia México. Además, en una investigación presentada por la revista Rutas, elaborada por la mencionada unidad, se explica que 60 por ciento de las personas retornadas por el Título 42 son connacionales, y el resto son extranjeros.

Aunque el gobierno estadunidense argumentó que el Título 42 fue una medida sanitaria y no migratoria, en la investigación de la dependencia federal se advierte que su aplicación fue selectiva.

Los porcentajes entre las distintas nacionalidades evidencian una selectividad en esta política, la cual, si estuviera regida exclusivamente por cuestiones de salud, presentaría una distribución por nacionalidad más homogénea, agregó.

De los migrantes extranjeros que fueron retornados a México en estos tres años, 897 mil fueron provenientes de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La aplicación del Título 42 estuvo acompañada también de otras normas migratorias del gobierno estadunidense, como el Título 8, con base en el cual también hubo detenciones y expulsiones. Entre ambas disposiciones, la cifra de encuentros o detenciones, asciende a 6.9 millones.

Organizaciones de la sociedad civil alertaron desde el primer momento de la medida, que ésta incrementaba exponencialmente los riesgos para los migrantes. Para 2021, la Patrulla Fronteriza reportó 557 fallecidos; sin embargo, consulados mexicanos documentaron 719 decesos en el mismo periodo, el mayor número de muertes en 17 años. Por su parte, en 2022, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos informó un nuevo incremento con 853 migrantes localizados sin vida.

Un factor que incrementa los riesgos para los migrantes son los reintentos para cruzar la frontera. De cada dos personas migrantes devueltas por Título 42, una de ellas decide reintentar el cruce a EU, se indica en el análisis de la unidad.

Al igual que lo han expuesto decenas de organizaciones, en el estudio de Gobernación se concluye que el Título 42 no sólo fue una estrategia que atentó contra los derechos humanos básicos de los migrantes, sino que incentivó la migración no controlada y se crearon falsos argumentos de invasión que pueden impulsar discursos de odio y xenofobia.