Enrique Méndez

Como ha sido su estilo desde 2018, Morena y sus aliados utilizaron en diciembre su mayoría para aprobar, sin pasar por comisiones ni estar publicada la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, la reforma legal en materia electoral, que busca reducir 3 mil 500 millones el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y, en la parte invalidada ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definir que la opinión de los funcionarios no se considere propaganda.

El denominado plan B fue presentado la noche del 6 de diciembre por la bancada guinda, luego de que horas antes ese mismo día, la reforma a la Constitución en materia electoral no alcanzó el voto de las dos terceras partes de los legisladores. Morena y sus aliados sumaron 269 votos y la oposición 225 en contra.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, llevó a la cámara el paquete de reformas a seis leyes en materia electoral propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como parte del jaloneo entre los dos bloques políticos de la cámara, la oposición pidió al coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, tiempo para estudiar la iniciativa, pero éste se negó.

A las 22:05 de ese día, se abrió una segunda sesión y la Mesa Directiva informó que se había recibido la iniciativa del Ejecutivo, en dos partes: cambios a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que se enviaron a las comisiones unidas de Gobernación y de Transparencia, para dictamen.

Y modificaciones a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, de Medios de Impugnación en Materia Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se enviaron a comisiones unidas de Reforma Político Electoral, Gobernación y Justicia.

No obstante, para no pasar por el trámite legislativo, Morena anunció que asumía la iniciativa presidencial y el legajo fue entregado directamente a la Mesa Directiva por la presidenta de la Comisión de Reforma Político Electoral, Graciela Sánchez, cuando ya estaba en la tribuna para explicar el alcance del proyecto.

Incluso, la legisladora advirtió: como ven ustedes, el INE sí se toca.

En todos los tonos, entre esa noche y la madrugada del 7 de diciembre, la oposición advirtió que recurriría a la Corte por el de-saseo legislativo y presentó cuatro mociones suspensivas al trámite de urgente y obvia resolución que la mayoría dio al paquete. El argumento para tratar de frenar la votación fue que se atenta contra la deliberación democrática.

Marco Aguilar Coronado (PAN) recordó que la Corte, en acciones de inconstitucionalidad, ya se había pronunciado en la obligación de respetar el proceso legislativo.

Ante las críticas y la advertencia de la oposición por el albazo, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel, reviró entonces: ¡Que impugnen! ¡No van a ganar!

El petista Benjamín Robles exclamó: ¡no necesitamos sus votos! Y diputadas panistas desplegaron cartulinas en las que se leía: nos vemos en la Corte.