César Arellano García

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud de Moisés Mansur Cysneiros, señalado como el principal prestanombres del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, para que le concedieran un amparo y de esta forma recuperar el rancho Las Mesas, que se localiza en Valle de Bravo, estado de México, asegurado en octubre de 2016.

La SCJN notificó a un tribunal colegiado que los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como Ana Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la primera sala del máximo tribunal, decidieron no hacer suya la solicitud de la facultad de atracción solicitada por el quejoso, ya que la desecharon ante la falta de legitimación.

Por ello, el tribunal colegiado tendrá que reanudar el trámite de recurso de revisión que promovió Mansur Cysneiros contra el fallo de un juez de distrito, quien le negó el amparo contra el aseguramiento de dicha propiedad. En los próximos días, los magistrados tendrán que determinar si confirman, modifican o revocan el fallo de primera instancia.

Según las indagatorias, Mansur habría operado un esquema de transacciones para ocultar el dinero que Duarte sustrajo ilegalmente del erario estatal mediante la adquisición de 21 parcelas ejidales, sobrevaluación de los predios, concentración de recursos de procedencia ilícita, algunos provenientes del gobierno de Veracruz mediante el uso de empresas fachadas y operaciones simuladas, y compraventa para la introducción de los recursos en las cuentas bancarias de una de las personas del grupo.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, mediante este esquema se habrían adquirido bienes muebles e inmuebles por 439 millones 662 mil 979 pesos, tanto en Veracruz como en Campeche.

En junio del año pasado un juez de distrito le negó a Mansur Cysneiros la protección de la justicia federal contra el aseguramiento del inmueble. El togado determinó que la propiedad fue abandonada, por ello 33.3 por ciento del terreno que pertenecía a Moisés Mansur se entregó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El juzgador determinó que el inmueble fue abandonado en 2021. Al ser infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso y no existir alguna causa para suplirlos en su deficiencia, debe sostenerse la constitucionalidad de la determinación reclamada y negar el amparo solicitado.

Moisés Mansur impugnó el fallo ante el tribunal colegiado, sin embargo, el proceso se detuvo, ya que el quejoso también recurrió a la SCJN para que atrajera el caso, pero el máximo tribunal lo rechazó. Ahora tendrá que esperar la resolución de los magistrados, quienes decidirán si le conceden el amparo para recuperar parte del predio.