Alma Muñoz.

Las irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y sus empresas Diconsa y Liconsa continuaron en 2021, el tercer y último año de Ignacio Ovalle en la dirección general.

Derivado de contrataciones irregulares, malos manejos financieros y falta de control interno, entre otras anomalías que ya habían sido detectadas en años anteriores, la ASF identificó en las tres entidades, como parte de la revisión de la cuenta pública 2021, montos pendientes por aclarar por 2 mil 346 millones de pesos, que se suman a los cerca de 10 mil millones de pesos ejercidos de manera irregular en 2019 y 2020, según han revelado revisiones hechas por la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Daños al erario

Con Segalmex, Diconsa y Liconsa a la cabeza, el sector de Agricultura y Desarrollo Social es el que acumula los mayores posibles daños al erario en todo el gobierno federal en la cuenta pública 2021, con 2 mil 622 millones de pesos cuyo destino está pendiente de ser aclarado.

En el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, la ASF detectó una posible afectación a la hacienda pública por más de mil 462 millones de pesos, relacionados con irregularidades en los inventarios de la empresa, carencia de documentación que acredite existencia de mercancías en sus almacenes, productos caducados, anomalías en la compra de maíz y frijol, entre otros problemas.

Y es que, de acuerdo con una auditoría forense presentada ayer por la ASF como parte de la tercera entrega del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2021, Diconsa no cumplió con las disposiciones legales en este programa.

En otra auditoría en la que revisó la gestión financiera de Segalmex, la ASF reportó posibles anomalías por 777 millones de pesos, cuyo destino está pendiente de aclaración.

Entre otras irregularidades, encontró que Segalmex realizó pagos a las empresas Team Business Management, S. de RL de CV, PNPDMI, SA de CV y Soluciones Integrales al Transporte Logística Operaciones y Mantenimiento, SA de CV, por 621 millones de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y que los servicios se prestaron de acuerdo con lo solicitado.

La ASF observó además que Segalmex no generó los estados financieros de manera automática, ni de forma confiable, lo que incumple con la ley, y no contó con un sistema de control interno para asegurar la salvaguarda de los recursos públicos que ejerció.

En otra auditoría en la que evaluó la gestión financiera de la compraventa de maíz, la ASF detectó en Segalmex un faltante adicional de más de 106 millones de pesos, pues encontró que se otorgaron incentivos a medianos productores por ese monto sin acreditar que éstos contaran con las facturas y los instrumentos de administración de riesgos a nombre de los productores, los cuales sirven de base para la determinación del cálculo del incentivo.