Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

La Cámara de Diputados planteó restructurar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a partir de un diagnóstico donde se concluye que de las inspecciones realizadas entre 2010 y 2020, el ente fiscalizador mantiene congelados 4 mil 698 pliegos de observaciones y no ha presentado las denuncias administrativas y penales por un probable daño acumulado de 329 mil 125.3 millones de pesos.

Además, los presuntos delitos cometidos por supuestas irregularidades, que ascienden a mil 842.4 millones de pesos correspondientes a 2015, están por prescribir, sin sanción, según un reporte de 122 páginas que elaboró desde noviembre la Unidad de Evaluación y Control (UEC), el órgano de la Cámara que vigila a la ASF.

Ante lo delicado de las conclusiones, la Comisión de Vigilancia de de dicho recinto legislativo envió el reporte a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y solicitó al auditor David Colmenares Páramo una respuesta puntual, a más tardar en 15 días, porque se trata de señalamientos graves, pues implicaría que la ASF incumple una de sus principales tareas de fiscalización.

El documento, a partir una solicitud expresa de la Jucopo, se analizó apenas ayer en la Comisión de Vigilancia, en vísperas de que Colmenares entregue –el próximo lunes– el informe de la cuenta pública 2021.

Aun cuando se trata de un rezago histórico, que involucra los periodos de los auditores Juan Manuel Portal y Juan Javier Pérez Saavedra, la actual titularidad de la ASF “no ha dado paso a la etapa de responsabilidades administrativas… y no es puntual en sus justificaciones del estatus de las probables repercusiones”.

El diagnóstico apunta a que el embudo se concentra en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a cargo de Nemesio Arturo Ibáñez, instancia que se creó en 2016 bajo el supuesto de que contribuiría a desahogar de forma más eficiente el seguimiento de acciones derivadas de auditorías. Desde marzo pasado, Ibáñez reconoció ante diputados el rezago de las cuentas 2017 a 2019, que implicaban montos por aclarar de 110 mil 388 millones de pesos.

La UEC detectó que los pliegos de observaciones se congelan al colocarles el supuesto de seguimiento o de revisión legal, lo que impide presentar las denuncias.

Al 27 de octubre de 2022, la ASF reporta 8 mil acciones, integradas por 5 mil 730 en seguimiento. Ante este panorama, es necesario que dé cuenta de la situación de cada una y sus posibles riesgos de prescripción, acumulación de trabajo en una sola área, discrecionalidad en atención y los riesgos que implica, señala. De 2010 a 2015, advierte, se encuentran 845 casos que tienen riesgos de prescripción, por lo que plantea que la actual administración de la ASF tiene la obligación de dar cuenta de la situación.