Emir Olivares y Alonso Urrutia

Si no se amplía el término constitucional para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública, esa labor sólo recaería en la Guardia Nacional (GN). En marzo de 2024 termina el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad ni el Ejército ni la Marina, enfatizó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia del lunes, el mandatario insistió en que a todos nos conviene que los militares permanezcan en esa misión, por lo que se manifestó en favor de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para extender ese mandato de 2024 a 2028.

Según la propuesta, se modificaría el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 y que dice:

Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

El periodo señalado concluye en marzo de 2024 y con la iniciativa del PRI se amplía hasta 2028.

El jefe del Ejecutivo planteó: Tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo, como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución. Porque ahora a los que se rasgan las vestiduras (quienes se oponen), se les olvida que se utilizaba al Ejército para tareas de seguridad pública. Incluso se le usó para declarar la guerra, sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución.

El escenario sin reforma

En la conferencia matutina se le preguntó qué procedería en caso de que no resultara aprobada la reforma anunciada por el tricolor, a lo que respondió: Si no se amplía el plazo no podríamos utilizar al Ejército y a la Marina en tareas de seguridad, sólo quedaría la Guardia Nacional. Como está (tras la reforma legal aprobada la semana pasada), dependiendo de la Secretaría de la Defensa (Sedena), sin que sea una fuerza de defensa para lo militar, sino encargada de la seguridad pública.

Subrayó que corresponderá a la Corte, en caso que haya controversias por el traslado de la Guardia a la Sedena, determinar si esto es o no constitucional. Nosotros respetamos la legalidad.

El pasado 12 de agosto el jefe del Ejecutivo planteó que, además de la reforma a la Guardia, enviaría una iniciativa para cambiar el transitorio que fija como plazo marzo de 2024 para la permanencia de las fuerzas armadas en las calles.

Sin embargo, el PRI dio ese paso y la semana pasada anunció una propuesta encaminada en ese sentido, lo que valió que sus aliados PAN y PRD advirtieran que romperían la coalición opositora que han mantenido a lo largo del sexenio de López Obrador.

Al referirse ayer a la iniciativa priísta, el mandatario criticó la hipocresía de algunos sectores de la oposición, que en administraciones pasadas permitieron las violaciones a los derechos humanos, al igual que la alcahuetería de agencias de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) que en su momento guardaron silencio, no vieron nada.

Pidió a los gobernadores manifestar si la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina les ha ayudado a contrarrestar la inseguridad en sus estados.

En otro tema, consideró que aún es tiempo de realizar un reforma integral al sistema de justicia, incluido el Consejo de la Judicatura Federal, aunque, acotó, corresponde al Poder Judicial encabezar ese esfuerzo.