Néstor Jiménez

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa perfilan dar a conocer el próximo jueves su reacción al informe del caso presentado la semana pasada, así como su postura frente al proceso judicial en contra del ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam, quien está en prisión preventiva a la espera de que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia resuelva si lo vincula a proceso.

Los familiares de los estudiantes decidieron darse ese plazo poco después de que recibieron el informe de manos del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, con la intención de analizarlo a lo largo de una semana.

Tras la detención de Murillo Karam el viernes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) indicó en redes sociales que los padres y madres no conocían aún los extremos de la imputación, pero de ser sólida y apegada a derecho, el proceso judicial podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con tortura.

Además, apuntó que a los familiares no les mueve la venganza ni la animadversión personal contra nadie, sino la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan, aunque reiteró que por la complejidad de la información, los padres y madres darán a conocer su postura en unos días.

El jueves pasado, tras salir de la presentación en privado del reporte en Palacio Nacional, las agrupaciones evitaron manifestarse en público y, más tarde, mediante un comunicado, expresaron que los familiares de Ayot-zinapa recibieron información relevante para llegar a la verdad. Por su complejidad y dureza la están analizando.

Por su parte, el fin de semana estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa exigieron que sea detenido y encarcelado el ex presidente Enrique Peña Nieto por su presunta responsabilidad en la desaparición de sus 43 compañeros.

El miércoles próximo vence el plazo para que el juez Fuerte Tapia defina si vincula a proceso a Murillo Karam, señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, así como de obstrucción para la procuración de justicia y tortura en las indagatorias sobre el caso.