Alonso Urrutia

De manera unánime, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que existió responsabilidad de la ex secretaria del Bienestar, María Luisa Albores (actual secretaria del Medio Ambiente), y del entonces coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García, en la indebida promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el levantamiento del censo del Bienestar. Por ello, dio vista al órgano interno de control a fin de que se finquen las responsabilidades correspondientes.

Sin embargo, en la resolución se deslinda de responsabilidad alguna a López Obrador. En el caso de los funcionarios mencionados se les imputa responsabilidad por omisiones en su deber de cuidado por las acciones llevadas a cabo por 22 servidores públicos de la dependencia, quienes difundieron el redes sociales el levantamiento del censo con propaganda personalizada cuando estaban en curso procesos electorales, donde, dada la naturaleza de este medio, se conoció esta información.

A propuesta de la magistrada Janine Otálora, al resolver un recurso promovido por el PRD se determinó la indebida actuación de los funcionarios porque se abrió la puerta para un beneficio electoral para Morena en esa contienda.

Es decir, existió la difusión de propaganda gubernamental que contiene elementos de promoción personalizada a favor del titular del Ejecutivo federal relacionada con la entrega de programas sociales, así como la vulneración al principio de imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos atribuido a diversas personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Bienestar.

Por otro lado, el TEPJF determinó que todas las autoridades de los diversos niveles de gobierno deben garantizar que en los espacios públicos dentro de sus demarcaciones territoriales se instalen módulos para la captación de firmas relacionados con la promoción del ejercicio de revocación de mandato. Sólo así se asegura que en todo el país existan elementos que favorezcan la participación democrática.

Durante la sesión pública de la Sala Superior, los magistrados también desecharon de plano la pretensión de Morena de promover un juicio ciudadano en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, por la presunta censura a su representante partidista Eurípides Flores, al impedir abordar el tema presupuestal en una sesión reciente. De acuerdo con los magistrados, Córdova solamente aplicó el reglamento ante la trasgresión reglamentaria de Flores en la sesión.