Gustavo Castillo y César Arellano

A partir de la audiencia de imputación que se realizará en diciembre próximo, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, deberá ratificar sus acusaciones y presentar pruebas que acrediten que ex funcionarios y ex legisladores participaron en actos ilícitos, indicaron funcionarios federales.

De lo contrario, advirtieron, a las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa se sumará la de falsedad en declaraciones, ya que afectaría los procesos penales instaurados contra los panistas Jorge Luis Lavalle y Ricardo Anaya, ex senador y ex candidato presidencial, respectivamente.

Lozoya pasó su primera noche en el Reclusorio Norte, donde las autoridades le practicaron los exámenes de rutina, que incluyen pruebas de Covid, examen médico para certificar su estado físico y de salud, y los registros decadactilares y fotográficos. Asimismo, desde ayer viste el uniforme reglamentario de color beige y fue ubicado en el área de Observación y Clasificación, lejos de donde se encuentran personajes como el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte y Jorge Luis Lavalle, dos de los mencionados por el ex funcionario como beneficiarios de los sobornos entregados por la empresa Odebrecht, para evitar que sea objeto de alguna agresión.

Refirieron que Lozoya “es un delincuente confeso, ya que en la denuncia presentada en agosto de 2020, así como en sus posteriores comparecencias ante el Ministerio Público Federal (MPF) y durante las audiencias que se han desahogado ante un juez de control, ha reconocido que recibió sobornos de Odebrecht por 10.5 millones de dólares.

“Esa fue una de las condiciones que la ley le imponía para poder acceder al beneficio de convertirse en testigo colaborador; la segunda situación con la cual debía cumplir era aportar información precisa y pruebas que llevaran a las autoridades a perseguir a personas que cometieron delitos de mayor envergadura y que se encontraran en posiciones más elevadas que las que él detentaba.

A ese respecto, el MPF le indicó el miércoles que no ha cumplido con los requerimientos establecidos para hacer efectivo este beneficio, aunque él y su defensa sigan diciendo que cooperarán con las autoridades. Se llegó a ese punto debido a que no ha aportado todas las pruebas que acrediten sus señalamientos en contra de 19 personas, y dos de los testigos que dijo ratificarían y comprobarían sus dichos se retractaron ante un juez de control.

Indicaron que aportó sólo un video como parte de sus pruebas, y ha servido para imputar únicamente a Lavalle y a Anaya. El ex director de Pemex debe comparecer en calidad de testigo y dar mayores elementos para acreditar ante un juez la responsabilidad de estos políticos, que según sus dichos recibieron sumas millonarias por aprobar la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en 2013.

Sobre la reparación del daño, durante la audiencia del miércoles, en la que el juez José Artemio Zúñiga Mendoza le decretó prisión preventiva necesaria, Lozoya ofreció a la FGR dos propiedades para cubrir los más de 7 millones de dólares que le exige la autoridad.

Sin embargo, dijeron los funcionarios entrevistados, la presentación de pruebas será el momento más importante, pues de lo contrario se sumaría una nueva acusación en su contra.