Elio Henríquez

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El éxodo de miles de indocumentados hacia el centro y norte de México durante los recientes 10 días, sobre todo de haitianos que estaban en Tapachula, es resultado de un cambio de estrategia del gobierno federal para quitar presión a esa ciudad fronteriza, afirmaron los activistas Luis García e Irineo Mújica.

Están en toda la ruta, en todo el país. Se estima que 20 mil han salido de Tapachula (caminando, en autobuses y vehículos particulares) y se ve, es como cuando se revienta una presa, alertó Mújica, director de la agrupación Pueblos sin Fronteras. Fue una orden del gobierno federal dejarlos ir después de tenerlos un año retenidos; ahora se ve a muchos menos migrantes en la ciudad, expuso en entrevista telefónica.

Mújica comentó que hasta hace una semana “se veía mucha gente en los bancos de Tapachula (…) Pero hay mucha gente todavía. Las autoridades soltaron la presión, pero no se ha resuelto el problema”.

García, quien encabeza el Centro de Dignificación Humana, dijo por su parte que en Guatemala hay al menos 5 mil migrantes haitianos esperando cruzar la frontera y de Panamá a Guatemala hay 8 mil o 10 mil migrantes esperando llegar a México. Pero sí, esta semana se ha notado que ha bajado el número de migrantes en Tapachula.

García informó que junto con Mújica y otras personas, se tramitaron ayer ante un juzgado federal ubicado en Tapachula 21 amparos a favor de 538 personas de diferentes nacionalidades, la mayoría haitianos.

Explicó que los indocumentados piden que con sus solicitudes de asilo presentadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se les permita transitar, como establece el artículo 52 de la Ley General de Migración.

Señaló que otra demanda en la solicitud de amparo se refiere a que ante la tardanza en la resolución de los casos, el juez ordene al Instituto Nacional de Migración el libre paso de los migrantes por territorio nacional, y puedan acudir a sus oficinas ubicadas en otras partes del país.

Agregó que un juez federal concedió amparos a una familia salvadoreña que tenía una cita en Mexicali, Baja California, y a una de Honduras, para que viajaran libremente por México.