Leopoldo Ramos, Yolanda Chio

El Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a Haití este lunes a 123 migrantes detenidos en los municipios de Acuña y Monclova, así como en la región sureste del estado de Coahuila, desde el aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, y hoy saldrá de Piedras Negras otro vuelo con haitianos.

El alcalde de Piedras Negras, Claudio Mario Bres, informó que el INM contrató aviones Boeing 737 de una aerolínea comercial en México para enviar a indocumentados a sus naciones de origen.

Destacó que autoridades impedirán que ingresen a Acuña y Piedras Negras autobuses que trasladen migrantes para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos e intenten cruzar hacia ese país. El puente internacional de Acuña comunica a esa ciudad con Del Río, Texas, y el de Piedras Negras lleva a Eagle Pass, en la misma entidad estadunidense.

Bres aseguró que sólo la noche del viernes anterior pasaron por su demarcación 71 camiones llenos de migrantes.

En tanto, el INM detuvo en la Central de Autobuses de Monterrey, Nuevo León, a tres indocumentados procedentes de Haití, en un operativo coordinado con la Guardia Nacional, durante el cual escaparon al menos otros ocho migrantes.

Además, otros 10 haitianos fueron entrevistados por agentes del INM y mostraron su documentación en regla.

Mientras, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que Estados Unidos deporta cada semana por su estado a un promedio de 450 indocumentados, la mayoría oriundos de Centro y Sudamérica. Expuso que muchos de estos migrantes deportados se quedan a vivir en el estado de manera indocumentada, sin que el INM haga algo.

Campos recordó que el viernes pasado se halló a más de 340 indocumentados –la mayoría de origen guatemalteco– que estaban en una bodega de la colonia Vistas Cerro Grande de la capital de Chihuahua.

Adelantó que autoridades de seguridad a su cargo se reunirán el miércoles con el delegado del INM, Pedro Alcalá, para que informe de qué manera se operará en el tema de los migrantes.

Agregó que la administración que encabeza no puede saber cuántos migrantes cuentan con antecedentes penales, debido a que esto es atribución única y exclusiva del gobierno federal, que no está actuando al respecto.