Alonso Urrutia

Aun cuando el gobierno federal ha emprendido acciones para enfrentar de manera prioritaria las desapariciones de personas mediante la construcción de un marco legal e institucional, el desempeño en el Poder Judicial impide poner fin a la impunidad en este delito, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Con 91 mil desaparecidos en México, sólo hay 35 sentencias relacionadas con este crimen.

Al participar en el foro Avances y pendientes en la agenda de desaparición de personas en México organizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, alertó sobre el hecho de que 25 por ciento del total de personas sin localizar son niñas de entre 13 y 18 años, lo que revela un posible vínculo con la trata de personas. Por ello se requieren nuevos mecanismos para combatir actividades ilícitas que dañan profundamente a la sociedad.

Para la actual administración enfrentar el fenómeno de desaparición de personas es una prioridad para lo cual se ha construido un marco legal e institucional que permita romper las inercias y resistencias que hubo en pasadas administraciones que pretendieron negar esta crisis humanitaria.

Ante representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la relatoría para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, ratificó el compromiso para aceptar la visita oficial de integrantes de este último organismo como parte de la apertura mexicana al escrutinio internacional de sus políticas para esclarecer la desaparición de personas.

Encinas subrayó la importancia de aplicar medidas para superar la crisis forense que tiene a miles de cuerpos sin identificar: la creación, este lunes, del mecanismo extraordinario de identificación forense; la creación del Centro de Identificación Humana en el noreste del país, asentado en Saltillo, con equipamiento tecnológico para realizar el ejercicio de identificación masiva con un primer esfuerzo que involucrará a 500 cuerpos; la inminente firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Innsbruck con técnicas avanzadas de reconocimiento de cuerpos y acuerdos de colaboración con los sistemas forenses de Austria, Alemania y Suiza.