Eduardo Murillo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento inexplicable; sin embargo, ninguno de estos casos ha sido promovido aún ante un juez federal.

La primera denuncia fue el 19 de febrero de 2020, por movimientos financieros que suman 36.5 millones de pesos en las cuentas bancarias del magistrado, los cuales no correspondían con sus ingresos como funcionario público.

Las operaciones estaban relacionadas con gastos extraordinarios para el pago de tarjetas de crédito y compra de inmuebles, entre los años 2013 a 2019, tanto de él como de su familia.

Sin embargo, esta denuncia fue desestimada por la fiscal anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos, quien aceptó los argumentos de Vargas en el sentido de que sus ingresos eran legítimos y los inmuebles adquiridos eran propiedad de su esposa, y no de él.

La decisión de no ejercicio de la acción penal fue impugnada por la UIF, quien así logró que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, ordenara reabrir el caso.

Apenas el 19 de julio pasado, la UIF informó que presentó una nueva denuncia contra el magistrado Vargas por el uso de una presunta red de empresas fantasmas para ocultar operaciones financieras en el extranjero.

En estas acciones habrían participado también familiares de Vargas, quienes operaron instrumentos financieros y corporativos para triangular envíos de dinero, los cuales nunca fueron declarados a las autoridades.

En esa ocasión, la UIF señaló respecto a estas transferencias al extranjero, cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachadas para posteriormente dejarse sin funcionalidad.