Gustavo Castillo y Eduardo Murillo

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Seguridad Interior (Homeland Security), ofrece a la Fiscalía General de la República (FGR) un software para realizar actividades de intervención telefónica y seguimiento, el cual, una vez autorizadas judicialmente, sólo permitiría llevar a cabo estas acciones al Ministerio Público Federal y se detectaría y bloquearía cualquier intento de penetración ilícita.

Funcionarios del gabinete de seguridad revelaron que con esta tecnología se pondría fin a la intervención ilegal o múltiple en investigaciones que se hacen contra grupos o personas implicadas en ilícitos.

La información recabada refiere que la tecnología ofrecida a las autoridades ministeriales estaría enfocada en la captación de información relacionada con grupos delictivos, pero también permitirá a la FGR ser la autoridad encargada de realizar toda clase de intervenciones que se procesen de manera legal, con base en autorizaciones judiciales.

Con ello, explicaron los funcionarios consultados, se pondría fin a la contratación de múltiples sistemas informáticos, como el malware Pegasus, con el cual se realizaron intervenciones y seguimientos legales e ilegales a funcionarios, periodistas y activistas de derechos humanos, desde diversas instituciones, durante el gobierno de Peña Nieto.

Expusieron que la tecnología ofrecida por los representantes estadunidenses se enmarca en las posibilidades de cooperación bilateral que mantienen México y Estados Unidos, como parte de los acuerdos que datan de la llamada Iniciativa Mérida, la cual se encuentra detenida, ya que las autoridades mexicanas solicitaron que se adecuen los programas de cooperación y que sus recursos se utilicen para programas sociales, y no solamente en la dotación de equipo y armamento.

La tecnología, de la cual no se dio a conocer su nombre o denominación, la usaría sólo la FGR, y una vez que un número telefónico sea intervenido, ninguna otra institución u organización privada podrá realizar intervenciones legales o ilegales, ya que el mecanismo impide y detecta cualquier otro intento de penetración en las comunicaciones.

El problema de estos equipos, señalaron, es que la información que se obtenga de grupos delictivos de interés bilateral deberá ser compartida y por ello no se ha dado autorización para que esto se lleve a cabo.