Enrique Méndez

Las 57 mil casillas que se instalarán para la consulta popular el 1º de agosto no son el número ideal y aun así este ejercicio para preguntar si se enjuicia a los ex presidentes será un éxito, consideró el titular del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

En la Cámara de Diputados, tras asistir a la entrega de las copias certificadas de constancias de los 300 legisladores de mayoría relativa, Córdova defendió la figura de elección mediante la representación proporcional como una conquista democrática, insoslayable en la evolución política.

Para él, la pasada elección constituyó una prueba más de que el compromiso de la sociedad con la democracia es más profundo que la polarización y la intolerancia en el discurso público.

Luego, en conferencia de prensa y por segundo día consecutivo, rechazó que el INE se niegue –como acusó Morena el domingo– a llamar a la participación en la consulta y recordó que las dos Cámaras del Congreso modificaron la fecha para empezar la promoción de ese ejercicio y la fijaron el 15 de julio.

Recordó que el instituto planeó instalar 104 mil casillas, pero que en distintas reuniones Hacienda se negó autorizar al menos 980 millones de pesos y aun así, con las mesas autorizadas, implicará un gasto de 528 millones.

Ningún ejercicio de sedicentes consultas ha tenido tantos centros de votación. La anterior a la entrada de este gobierno tuvo mil, dijo en referencia al de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

Otras han sido apenas un par de centenares; el INE, como organismo profesional, instalará 57 mil. Esos votos serán recibidos y contados por ciudadanos que han demostrado su imparcialidad, no por funcionarios cuya independencia no está garantizada.

Sobre la pasada elección, destacó el voto diferenciado en favor de una nación con división y equilibrio de poderes.

En cuanto a la indagatoria que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza a Ciro Murayama, manifestó: Si se nos investiga, que se nos investigue bien. Sería lamentable que se utilice el aparato del Estado para fines políticos y tratar de amedrentar a un órgano que ha demostrado con creces su autonomía de los intereses políticos y económicos.