Gustavo Castillo García

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) sumará a sus investigaciones la información que el gobierno de Estados Unidos entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) respecto del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ya ha sido acusado por el Ministerio Público Federal de incurrir en el delito de defraudación fiscal, motivo por el cual fue desaforado el 30 de abril por la Cámara de Diputados.

El mandatario tamaulipeco es acusado de haber incumplido obligaciones fiscales por un monto de 6.5 millones de pesos, delito que es sancionado con una pena privativa de libertad de tres a nueve años.

El lunes la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el departamento de Justicia de Estados Unidos entregó a México información que lleva la posible comisión de actos delictivos por parte de García Cabeza de Vaca y dos de sus familiares cercanos, identificados como Ismael G. y José Manuel G., además de José Ramón C., por delitos cometidos en aquel país.

Según la información dada a conocer, a los cuatro mexicanos se les involucra en la adquisición irregular de inmuebles y la realización de transferencias financieras que pudieran estar relacionadas con cuestiones de lavado de dinero.

Además, estos recursos están relacionados con empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, a las que se les ha detectado operaciones fachada en México y Estados Unidos en las que se presume que se hicieron transferencias monetarias ilegales.

La Seido mantiene abiertas líneas de investigación en contra de García Cabeza de Vaca, luego de que en diversas ocasiones se ha señalado que antes de ser gobernador y durante su mandato habría recibido recursos de grupos dedicados al tráfico de droga y que algunos de sus familiares están involucrados en el traslado ilegal de combustible de Estados Unidos a México, señalaron funcionarios federales

Durante el juicio de desafuero en la Cámara de Diputados en el dictamen presentado se evidenciaron probables delitos, como la compra no aclarada de bienes inmuebles por 228 millones de pesos por parte del gobernador y sus familiares, así como el uso de una empresa fantasma para triangular recursos en la compra de un departamento en Santa Fe, por 14.3 millones de pesos, que luego revendió en 42.1 millones, y las ganancias se depositaron en la cuenta bancaria del gobernador surgido del PAN.