Eduardo Murillo, Gustavo Castillo y César Arellano

La orden de liberar a Héctor Luis Palma Salazar obedeció a que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó medios de prueba suficientes y se presentaron testimonios que se contradijeron, según la sentencia absolutoria que fue firmada por el secretario del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales de Jalisco.

La difusión pública de la resolución judicial que declara absuelto a El Güero Palma por delincuencia organizada tuvo la finalidad de que todas las autoridades nacionales y extranjeras, principalmente de Estados Unidos, no se dijeran sorprendidas con una probable liberación del capo, y se evite la repetición de un caso como el de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, quien ahora es prófugo de la justicia.

Las autoridades federales no caerán en aparentes trampas jurídicas que lleven a la liberación indebida de líderes de organizaciones delictivas, por ello aunque se dicten multas o requerimientos para que dejen en libertad a Palma Salazar, primero se busca que todas las fiscalías estatales informen si tienen algún mandato pendiente, y también por parte de Estados Unidos, donde se le habían fincado cargos por sus actividades en los años 80 y hasta 1995, cuando fue detenido, y así evitar algún conflicto por un error.

La sentencia, firmada por Víctor Francisco Chávez Romero, secretario en funciones del juzgado, explica que se solicitaron los testimonios de los testigos protegidos identificados como César y Julio, quienes deberían haber estado bajo vigilancia de la FGR, sin embargo, éstos no se presentaron.

Dichas diligencia no tuvieron verificativo, pues, no obstante haber realizado la búsqueda respectiva, éstos no fueron localizados, ni fueron presentados por el fiscal federal para reiterar, ratificar o aclara sus declaraciones.

Testimonios de otros testigos, presentados por escrito por la FGR, no pudieron vincularse al caso, debido a que fueron aportados en procesos diferentes al seguido contra Palma Salazar. Se trata de la copia certificada de declaraciones recabadas en una averiguación previa diversa a la que dio origen a la presente causa, por lo que no puede valorarse como prueba.

Además de estos testimonios desestimados, la FGR no aportó ninguna otra prueba, según se señala en la sentencia: “los medios probatorios que obran en el sumario resultan insuficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada (…) En consecuencia, se ABSUELVE al acusado”.

En tanto, el gobierno federal esperará a conocer si autoridades de alguna entidad federativa o de Estados Unidos tienen alguna imputación en contra de Héctor Luis Palma Salazar, para definir si deja en libertad a quien fuera uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, señalaron altos funcionarios del gobierno mexicano.

Respecto a la apelación, informaron que este recurso ya fue presentado, pero la resolución del asunto puede tomar meses y en caso de que se definiera que hubo errores en la sentencia dictada, se tendría que emitir una orden de reaprehensión y con ello tendría todo el tiempo para huir de la justicia, dijeron las fuentes consultadas.