Arturo Sánchez Jiménez

El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exhortó ayer al organismo a promover una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

De acuerdo con el consejo, dicho padrón implicaría una violación gravísima a los derechos humanos y un golpe a la privacidad de los datos personales de todos los mexicanos.

Por ello, instó a que el INAI inicie con la mayor urgencia todas las acciones jurídicas necesarias para garantizar la plena protección de los datos personales de los ciudadanos, previstas en la Constitución.

El Consejo Consultivo, organismo que tiene entre sus funciones emitir opiniones no vinculantes al instituto sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, señala en un documento que de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los concesionarios de telecomunicaciones ya son obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para localizar geográficamente equipos móviles, por tanto, no era necesario crear un padrón de usuarios móviles alegando reforzar la seguridad ciudadana.

Destaca que con las modificaciones a la ley para crear el padrón, pareciera que se legitima que cualquier autoridad pueda tener acceso al mismo, incluso sin mandato judicial, lo cual atenta directamente contra la seguridad jurídica de los gobernados.

Agrega que la reforma aprobada viola también la presunción de inocencia, que es un derecho humano y constituye el principio de protección y tutela de las garantías de toda persona.

Asimismo, considera que la modificación a la norma contiene disposiciones que clara y contundentemente vulneran de manera irremediable los derechos a la protección de datos personales, a la identidad y a la privacidad.

Advierte que la implementación del padrón implicaría una violación gravísima a los derechos humanos y un golpe a la privacidad de los datos personales de todos los mexicanos. Esta afectación podría generar daños de imposible reparación, particularmente en lo que refiere a recolección de datos biométricos.