Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El pleno del Senado aprobó ayer 11 reformas constitucionales, entre ellas la que lleva a la Carta Magna la obligación de establecer la justicia digital, que permitirá el trámite de juicios en línea, la que incluye a la justicia cívica como un medio de prevención y resolución de conflictos sociales, el reconocimiento del español y las 68 dialectos indígenas como lenguas nacionales y mayores facultades a ambas cámaras del Congreso para la defensa de la ley suprema.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres, así como legisladores de las demás fuerzas políticas, reconocieron que se hizo un gran esfuerzo de concertación, a fin de lograr el consenso en temas de gran relevancia, que requieren ser aprobadas por mayoría calificada.

La sesión de ayer fue presencial, precisamente porque se trataba de discutir y aprobar reformas constitucionales y debido a que los protocolos por la pandemia del Covid-19 no permiten que estén en el salón de sesiones más de 50 legisladores, debieron bajar a votar de forma escalonada el total de legisladores.

Justicia digital

Por lo que se refiere a la reforma digital, según expresó en tribuna el panista Damián Zepeda, busca garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente en el Poder Judicial de la Federación, en los estatales, así como en los tribunales agrarios, administrativos y electorales, los que deberán implantar las nuevas tecnologías para resolver en línea los juicios en todas sus etapas, así como la consulta e integración de expedientes electrónicos.

El coordinador del PRD, Migue Ángel Mancera, precisó que se establece que las diligencias, por su naturaleza, deberán ser presenciales.

Otro dictamen al artículo 105 de la Carta Magna, a partir de una iniciativa de Miguel Ángel Osorio Chong, otorga una nueva facultad al Senado y la Cámara de Diputados, la de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes aprobada por las legislaturas locales que vulneren la ley suprema.

El pleno avaló también una reforma constitucional que incluye a la justicia cívica como un medio para prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.