Jessica Xantomila

La nueva Ley General de Educación Superior se construyó alrededor de los derechos establecidos en el artículo tercero constitucional, por lo que garantiza la obligatoriedad del Estado de brindar este nivel educativo, que cumpla con los principios de gratuidad, de igualdad de oportunidades y que sea un derecho humano, señaló Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) destacó que esta ley –que fue aprobada en la Cámara de Diputados el martes pasado– es la base para el conocimiento y el desarrollo de la educación superior en el país, mientras que especialistas indicaron que sin un compromiso claro del Estado en cuanto al presupuesto, temas como la obligatoriedad y gratuidad en este nivel seguirán siendo un pendiente.

En la conferencia virtual ¿Cómo garantizar una educación integral, con equidad y excelencia?, organizada por la Universidad Anáhuac, Concheiro Bórquez expuso que transformar la educación superior en un derecho humano y trae una serie de consecuencias centrales porque tiene que asegurar una contribución al desarrollo social, al bienestar, así como al despliegue científico, tecnológico y humanístico que tenga un efecto en la producción y en la economía en general.

También planteó el problema de la deserción escolar en el nivel superior, que en el país el índice es de 8.6 por ciento, es decir 1.6 por ciento más que el histórico de hace 10 años. Indicó que Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche y Veracruz tienen los porcentajes más altos de abandono.

Añadió que hasta el momento el porcentaje de deserción en las instituciones públicas es 6.9 por ciento, y en las particulares 12.6 por ciento.

Angélica Buendía Espinosa, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, coordinadora general del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano, indicó que la aprobación de la ley es un avance importante en materia de institucionalidad de educación superior, y destacó que en ésta queda resguardada la autonomía de las universidades. Sobre el presupuesto señaló que por lo menos está establecido ya en la ley un fondo especial.