Alonso Urrutia

De forma inédita, derivado de los ajustes presupuestales que en su momento aprobaron 28 congresos locales a los recursos de los organismos públicos locales electorales (Oples), 16 de ellos gestionan una ampliación de gasto sin que, a 90 días de las elecciones del 6 de junio, haya certeza si les será autorizada la petición y cuándo se les entregaría el dinero requerido para la organización de los comicios.

Un informe del Instituto Nacional Electoral (INE) indica que las gestiones pasan del estancamiento por la falta de respuesta de los Ejecutivos estatales, hasta la anuencia a otorgar mayor financiamiento, sin que hasta ahora se haya materializado la entrega, a pesar de la urgencia porque los plazos de las diversas etapas de la elección siguen corriendo.

Aunque están involucrados gobiernos de diversos signos políticos, por el monto, las condiciones más extremas son la Ciudad de México y Veracruz. En el primer caso, el proyecto original de presupuesto enviado por el Instituto Electoral capitalino fue de mil 580 millones de pesos y el recorte del Congreso local ascendió a 587 millones, equivalentes a la petición de ampliación presupuestal y sobre los cuales el gobierno analiza opciones.

En Veracruz, una infructuosa reforma legal dejó estancada la petición original del instituto local de 769.7 millones de pesos. El revés judicial a las modificaciones mantiene en la incertidumbre lo que sucederá con el presupuesto.

Según el informe, ninguna de las 16 solicitudes de ampliación presupuestal se ha solucionado, aunque además del gobierno capitalino que analiza opciones, en Zacatecas el gobierno dio anuencia para entregar 28 millones de pesos solicitados, sin que se haya concretado; en Aguascalientes, de los 35 millones requeridos, se les informó que les darán sólo 5 en efectivo y 9.5 en especie para la impresión en Talleres Gráficos de la documentación electoral. En Tlaxcala, Sinaloa y Oaxaca avanzan las negociaciones, pero sin nada concreto hasta ahora.

Sin respuesta alguna permanecen Baja California –donde se solicitó para el pago de las prerrogativas partidistas–, Chiapas, Colima, Nayarit, Nuevo León y Sonora.

El documento del INE enlista las actividades que en cada entidad pudieran verse afectadas por los ajustes presupuestales y las infructuosas negociaciones –que incluyen al propio INE ante la Secretaría de Hacienda–, entre las que destacan el Programa de Resultados Electorales Preliminares en cinco estados: Colima, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Sonora, así como el financiamiento de los partidos políticos en Colima, Nayarit y Sinaloa.

Otras afectaciones en varias entidades es la impresión de documentación electoral, la operación de órganos desconcentrados en los estados y el pago de los convenios con el propio INE.