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SEGUNDA JORNADA POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA


 

 

 

lunadEduardo Murillo

Ahora se buscará que responda a la acusación por el incumplimiento de contratos de obra pública de su constructora Grupo Quartz

El gobierno de México busca nuevamente que el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz sea extraditado al país, ahora para que responda a la acusación por el incumplimiento de contratos de obra pública de su constructora Grupo Quartz.

Según un acuerdo judicial emitido por el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, Ahumada Kurtz es requerido por la justicia mexicana por las investigaciones dentro de la causa penal 38/2007.

Esta nueva petición se supo debido a un acuerdo emitido por dicho juzgado, donde los abogados de Ahumada Kurtz promovieron un juicio buscando proteger a su cliente por la acusación de defraudación fiscal equiparada, por un millón 647 mil 236 pesos, que tiene pendiente desde 2016.

Por este caso, el empresario fue detenido en Argentina en agosto de 2019 y sometido a un primer proceso de extradición, la cual fue negada un año después.

Fraude fiscal

Sin embargo, el juicio por defraudación fiscal sigue abierto en tribunales mexicanos y para una de sus audiencias se le pidió comparecer, a lo que sus abogados respondieron por escrito que Ahumada Kurtz no puede salir de su país debido a que el 2 de diciembre pasado fue notificado de la resolución emitida por un juez, donde se le impuso la prohibición de salir de Argentina, derivado de un procedimiento de extradición solicitado por el gobierno mexicano, por un asunto diverso a la causa penal.

Este asunto diverso, por el cual el gobierno de México ya solicitó nuevamente su extradición, es la causa penal 38/2007, según confirmaron fuentes judiciales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya entregó al gobierno de Argentina el expediente respectivo, y serán ahora los tribunales de ese país los que analizarán si procede o no la entrega de su connacional a la justicia mexicana.

Desde marzo de 2004 La Jornada documentó que la Contraloría del entonces Distrito Federal encontró irregularidades en contratos de obra pública otorgados a Grupo Quartz por 279 millones 683 mil pesos, tan sólo en la delegación Tláhuac.

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