Jesús Estrada

Chihuahua, Chih., La corte del distrito sur en Miami, Florida, que resolverá el caso del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez, recibió un listado de declaraciones de testigos como prueba adicional en favor de la extradición.

Dichos documentos los entregó el fiscal Jason Wu, del Departamento de Justicia de Estados, en representación del gobierno de México.

El pasado 26 de enero concluyó la audiencia final de extradición de César Duarte, pero la juez Lauren F. Louis continúa el análisis de pruebas, aunque tiene como plazo el 10 de este mes para certificar la extradición, informó el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.

La corte de Florida no ha publicado el fallo por escrito, lo que podría demorarse una semana más, mientras la juez sigue recibiendo pruebas y analiza una lista de testigos y sus declaraciones contra el ex gobernador.

Lauren F. Louis anunció que enviaría su respuesta por escrito, pero se puede adelantar que hay una causa probable para la extradición del ex gobernador de Chihuahua, preso en Miami por peculado y asociación delictuosa, insistió Jorge Espinoza Cortés.

De manera anticipada, la juez consideró que existe la causa probable, uno de los requisitos esenciales en el tratado de extradición.

En este contexto, el gobierno de Chihuahua informó que logró recuperar un rancho ganadero de 30 mil hectáreas y más de mil reses propiedad de César Duarte, ubicado en el municipio de Camargo –más grande en tamaño que toda la ciudad de Chihuahua–, luego de que un juez de control decretó el abandono de la finca y ordenó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad para utilidad pública.

Instancias judiciales decretaron el abandono de dicho predio y de otro denominado Sombreretillo, de 30 hectáreas, localizado en el municipio de Matamoros, en favor del gobierno del estado, pues fueron adquiridos de manera irregular por el ex gobernador.

Según las indagatorias de la fiscalía local, presumiblemente la propiedad fue adquirida en 60 millones de pesos durante 2012, por personas asociadas a hechos de corrupción política.