Alejandro Alegría y Dora Villanueva.

Pymes, las más perjudicadas en caso de aprobarse, subraya la Caintra-NL

La propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Ejecutivo federal al Congreso es una expropiación indirecta que resultará en un mayor costo fiscal y afectará a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), advirtió el sector privado del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el lunes al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual prioriza el despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El proyecto, con calidad de preferente, que debe aprobarse en un plazo de 30 días, revierte aspectos centrales de la reforma energética aprobada el sexenio pasado.

Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia, sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Aseguró que de aprobarse la reforma se traducirá en encarecimiento de productos y servicios y en un mayor costo fiscal, por la necesidad de subsidiar a la CFE.

El sector privado consideró que la iniciativa abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas, al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de energía eléctrica.

Indicó que la propuesta intenta impedir de forma arbitraria la competencia en el sector eléctrico, con lo que viola los derechos básicos de libre concurrencia y certeza jurídica; impactará en las inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, las cuales acudirán a arbitrajes internacionales.