Roberto Garduño y Enrique Méndez

La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones la iniciativa de reforma legal enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la subcontratación (outsourcing) de personal. No obstante, precisa el proyecto, para no dañar a las empresas se prevé no considerar subcontratación la prestación de servicios especializados que no formen parte de su objeto social.

La reforma planteada introduce la figura de intermediarios, que podrán realizar tareas de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, y propone que las empresas sean responsables solidarias en el pago de obligaciones de seguridad social, para lo que plantea un padrón de compañías que puedan subcontratar servicios especializados, siempre que tengan autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Asimismo, busca eliminar la deducibilidad de los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) por contratación de personal, y propone que su evasión o elusión se persiga como delincuencia organizada, en congruencia con la ley en la materia. Precisa que el IVA sólo podrá ser acreditable si el contratante demuestra que está en el padrón de la STPS y ha efectuado el pago de la contraprestación y del impuesto que le fue trasladado.

En el caso del ISR, permitirá la deducción y acreditamiento de los pagos o contraprestaciones de servicios especializados, sólo si las firmas tienen autorización de la STPS para operar y no se refieran a trabajos relacionados con el objeto social o económica de las empresas.

En la exposición de motivos, el Presidente señala que el régimen de contrataciones laborales ha visto surgir una nueva peculiaridad: la subcontratación, que si bien ha hecho posible emplear personal experto o recursos humanos necesarios para determinadas acciones, en la práctica este régimen laboral no ha estado exento de prácticas abusivas a o simuladas, en perjuicio de los derechos de los trabajadores.

Además, el mandatario precisa que su iniciativa busca en todo momento el respeto de los derechos laborales y de seguridad social de los empleados, violados por varios años ante las conductas irregulares e ilegales cometidas por las empresas de tercerización, que también han dañado la recaudación tributaria.

En el caso de la autorización por parte de la STPS, destaca que antes de celebrar un contrato, las empresas deben acreditar el carácter especializado de sus servicios o las obras que ejecutan, además de comprobar que están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social.

Al respecto, propone crear un padrón de prestadoras de servicios especializados que permita contar con un acervo vigente, estadístico y de control con el cual identificar y regular a las personas físicas o morales.

Para evitar que las empresas continúen con la práctica de eludir el registro o subregistro en el IMSS y el daño a los derechos laborales, se establece que quien contrate prestación de servicios con una firma que incumpla sus obligaciones de seguridad social será responsable solidaria. Ello, debido a que las empresas de subcontratación se dedican al intermediarismo y carecen de bienes para garantizar cumplimiento de sus obligaciones. También serán responsables solidarias en términos de las aportaciones a la subcuenta de vivienda.