La Secretaría de Salud (Ssa) deberá aclarar el manejo y presuntas irregularidades en el ejercicio de más de mil millones de pesos en 2019, previo a la pandemia de Covid-19.

En la cuenta pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la dependencia no realizó una gestión eficiente y transparente de mil 26 millones 223 mil 350 pesos del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, transferidos a siete entidades, con lo que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública ­federal.

La cifra equivale a 20.1 por ciento de los 5 mil 114 millones 282.3 mil pesos transferidos a las 31 entidades federativas y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como parte del programa referido, reporta la ASF.

La descripción de las omisiones da cuenta de la falta de control de la Ssa en los recursos canalizados a siete entidades federativas. El fiscalizador observó que al no apegarse a la normativa correspondiente, se concluye que no se cumplieron los objetivos y las metas de esa estrategia.

Como parte de las auditorías en­tregadas el viernes por el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que forma parte del segundo proceso de informes parciales, destaca la auditoría de cumplimiento 167-DS, sobre el programa fiscalizado.

En ésta, se plantea que la documentación solicitada a la Ssa no aclara ni justifica las anomalías observadas en cuanto al cumplimiento de la normativa, en la transferencia de recursos y sus respectivos convenios con las tesorerías de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. Los recursos mencionados no fueron entregados por las tesorerías estatales a los entes ejecutores del gasto en los cinco días hábiles siguientes a su recepción, indica.

Señala que la Ssa, por conducto de su Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, no hizo la solicitud del reintegro de esos recursos federales transferidos.

Se concluye que las siete tesorerías estatales y la Ssa son corresponsables del incumplimiento del convenio y de los criterios de operación de los subsidios del programa.

Además, las observaciones dan cuenta de la falta de un calendario de la autoridad federal en la entrega del presupuesto a esos estados.

Por ello, la ASF solicita a la Ssa realizar las investigaciones pertinentes e iniciar el respectivo procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que incurrieron en la citada omisión, así como por la falta de seguimiento de los convenios con las entidades y el IMSS.