Enrique Méndez

A decir de la oposición, era un gasolinazo disfrazado

La Secretaría de Hacienda aceptó no aplicar una cuota complementaria al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en gasolinas y diésel para 2021, por lo que en caso de una baja en los precios internacionales de los combustibles se reducirán también para los consumidores, según prevé el proyecto de dictamen de Ley de Ingresos entregado este domingo a los diputados.

En la iniciativa de Ley del IEPS, Hacienda había planteado aplicar dicha cuota para evitar una pérdida recaudatoria, lo que, según la oposición constituía un “gasolinazo disfrazado”.

Se trataba de un mecanismo de previsión ante una eventual reducción de los precios de los hidrocarburos en 2021, como ocurrió este año a causa de la pandemia y que, según cálculos de Hacienda, provocará una pérdida recaudatoria de 100 mil millones de pesos en el IEPS para gasolinas.

Por ello, propuso que de continuar la baja en los precios, se aplicara la cuota complementaria, con lo cual si bien no aumentarían los precios de los combustibles, tampoco bajarían.

No obstante, como parte de las negociaciones con las bancadas, en el proyecto de dictamen se anticipa: esta comisión no coincide con la propuesta del Ejecutivo federal en la aplicación de cuotas complementarias, (porque) si bien identifica la naturaleza preventiva de la medida y los esfuerzos para mitigar posibles escenarios desventajosos, también considera que las condiciones para que cumpla con su función de proteger los ingresos son poco probables de ocurrir, ya que requerirían un incremento de precios de crudo, referencias internacionales o tipo de cambio, seguido de una reducción de alguna de las mismas variables.

Respecto de los derechos que se pagan por minería, Hacienda planteó que su acreditación contra el inpuesto sobre la renta (ISR) ha reducido el pago de las empresas, por lo que pidió considerar los ingresos acumulables totales conforme a lo establecido en la Ley del ISR.

No obstante, la dependencia también aceptó no eliminar a cien por ciento la acreditación de derechos que pagan las empresas mineras, sino hacerlo de manera gradual. En cambio, en el proyecto de dictamen se prevé que sea de 50 por ciento el año siguiente.

La comisión consideró necesario eliminar la acreditación del derecho contra el ISR y recordó que el Estado debe obtener una justa retribución por la extracción de minerales, pero evaluó que, en atención a los efectos negativos de la pandemia en la economía, en específico al sector, se estima necesario un mecanismo que le permita transitar de forma gradual la eliminación del citado acreditamiento.