Eduardo Murillo

Especialistas en derecho constitucional señalaron que sí es necesario reformar el marco legal para las consultas populares, pues el vigente es restrictivo y fue diseñado para impedir esta forma de democracia directa.

Consultados sobre el tema, los profesores Elisur Arteaga Nava y Francisco Burgoa opinaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminará rechazando la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pleno de la Corte votará este jueves el proyecto de resolución presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales, que propone desechar la pregunta planteada acerca de si se debe o no procesar a los ex presidentes.

El ministro argumenta que viola los derechos humanos de los ex mandatarios, trasgrede el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. La decisión se adoptará por mayoría simple, basta que seis de los 11 ministros voten en contra para que la consulta sea desechada.

Francisco Burgoa, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo que las normas actuales se hicieron para evitar el ejercicio: Dada la redacción del texto constitucional y de la Ley Federal de Consulta Popular de 2014, hace sumamente difícil que se pueda llevar a cabo.

Estimó que habría que cambiar los requisitos, como disminuir a uno por ciento del padrón electoral el número de firmas que se requieren para promover una consulta y ampliar a un mes el plazo para reunir los apoyos, permitiendo el uso de herramientas tecnológicas.

Recordó que en 2014, cuando se promovieron las primeras cuatro consultas populares, ninguna de las cuales prosperó, el Instituto Nacional Electoral gastó 30 millones de pesos en la revisión de las firmas de apoyo, por lo que es necesario abatir los costos excesivos.

Consideró que se deben mantenerse algunas restricciones contenidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, pero habría que darles contexto y límites para que un día podamos tener realmente una participación ciudadana mediante la consulta popular, pero en serio.

Elisur Arteaga, académico de derecho constitucional de la UAM, consideró que la ley se hizo para impedir las consultas populares: No sé hasta qué punto quien elaboró el proyecto (de ley) pensó que era una medida peligrosa y había que impedir que se llevara a la práctica, es la impresión que tengo.

Ambos académicos pronosticaron que la Corte terminará desechando la propuesta presidencial de consulta popular.