Jessica Xantomila y Fernando Camacho

Después de que la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (SG), Paulina Téllez, sostuvo que un grupo de feministas cobra 3 mil pesos a familiares de víctimas para que sus casos sean aceptados en esa dependencia, Norma Andrade, madre de víctima de feminicidio e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y Mar Cruz, quien acompaña casos de feminicidios y de desaparición, demandaron que se aclare esa situación que las descalifica y criminaliza.

Tanto Andrade como Cruz, ambas adheridas al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, se dieron por aludidas en los señalamientos de la funcionaria, puesto que han participado en la toma de la caseta de Tlalpan y se han manifestado en Palacio Nacional. No obstante, rechazaron formar parte de quienes tomaron el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico.

En entrevista, Andrade expuso que la denuncia sin pruebas de Téllez se presta a chismes, que en realidad es lo que veo que se está haciendo en la SG. Afirmó que en comunicación con el titular del Mecanismo de Protección a Defensores, Aarón Mastache, reconoció que lo expresado por la funcionaria es irresponsable.

Cruz, integrante de Batukada Lesbofeminista, consideró que los señalamientos de la funcionaria es una forma no sólo de criminalizarnos, sino de poner en riesgo nuestras vidas. Por ello, sostuvo, buscamos una reunión directa con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, para que nos diga de manera personal y de frente cuáles son las denuncias en contra de nosotras y por qué no está tomando cartas en el asunto para la defensa de las víctimas.

Expuso que la acusación de la SG es una estrategia de Yesenia Zamudio, representante del Frente Nacional Ni Una Menos México, que las ha señalado por presuntamente atacarla, y a raíz de la toma de la CNDH ha colaborado con la dependencia federal. Esto es para desviar la atención del fraude que hizo en la comisión.

Zamudio, quien dejó las instalaciones tomadas de la CNDH entre acusaciones por falta de transparencia de los recursos donados y amenazas, aseveró que las responsables son Mar Cruz y Malú García, hija de Norma Andrade.