Podría ser el octavo jefe de Estado en enfrentar la ley

El ex presidente Enrique Peña Nieto podría convertirse en el octavo mandatario latinoamericano en ser imputado penalmente como partícipe o cómplice en la red de corrupción de Odebrecht, el gigante de la industria de la construcción brasileña que por más de una década repartió sobornos, obtuvo licitaciones irregulares, infló artificialmente costos de sus obras y compró votos de partidos políticos de todo signo en al menos 12 países.

Las revelaciones de Marcelo Odebrecht, que negoció con el Departamento de Justicia de Estados Unidos una sentencia de 19 años de cárcel a cambio de ofrecer revelaciones y evidencias sobre cómo funcionó y a quienes benefició su sistema de pagos ilícitos, mancharon a nueve gobiernos de la región.

Estas delaciones premiadas han llevado al banquillo de los acusados a los últimos cuatro presidentes de Perú: Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Toledo, presidente entre 2001 y 2006, fue sentenciado a 16 años de prisión en el área de San Francisco, California, y en marzo de este año se le concedió prisión domiciliaria por la crisis del Covid-19 (tiene 74 años).

Alan García, líder histórico del aprismo (socialdemocracia) se suicidó en el momento de ser detenido en abril de 2017.

Pedro Pablo Kuscinski, renunció a la presidencia antes de ser destituido por el parlamento y está sujeto a proceso.

Ni el actual presidente Martín Vizcarra ha podido abstraerse de las investigaciones del llamado fiscal Lava Jato (que asume el mismo nombre que su par brasileño). Se indaga sobre sus vínculos con la empresa bahiana Odebrecht durante la década pasada.

En Brasil el ex presidente Michel Temer, artífice del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016, fue detenido el año pasado, acusado de ser líder de una organización criminal. Se le acusa de recibir de Odebrecht 3.6 millones de dólares, apenas uno de los ilícitos de su expediente.

Se encontraba en arraigo domiciliario hasta este miércoles, cuando se informó sorpresivamente que el gobierno de Jair Bolsonaro lo envió a Líbano encabezando una misión humanitaria a ese país.

El reparto

Sólo en Brasil, según el expediente de 2016 de la corte del distrito este de Nueva York, la división secreta de Odebrecht repartió 349 millones de dólares a funcionarios, empresarios y legisladores para obtener contratos irregulares que le redundaron en ganancias de mil 900 millones de dólares.

En El Salvador, el ex presidente Mauricio Funes, investigado por decenas de delitos de enriquecimiento ilícito, algunos relacionados con Odebrecht, está prófugo en Nicaragua bajo la protección de Daniel Ortega.

En Ecuador, el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, purga una sentencia de seis años. Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, contribuyó a canalizar 33 millones de dólares en sobornos.

En Panamá, el ex presidente Ricardo Martinelli, que gobernó entre 2009 y 2014, pasó dos años en prisión hasta que el año pasado un juez lo declaró inocente. Pero sus hijos Ricardo y Luis Enrique fueron detenidos en julio de este año en Guatemala, y Estados Unidos pide su extradición para responder por el envío de 28 millones de dólares de Odebrecht al gobierno de su padre.

En Colombia, la sombra de Odebrecht se acercó peligrosamente a los ex presidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Por lo pronto tres gerentes de la campaña electoral de Santos también están sujetos a una investigación penal.

Finalmente, en República Dominicana, en mayo de este año, un operativo apresó a 14 implicados en la trama corrupta de Odebrecht, entre ellos un ex ministro, altos dirigentes de partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, ex legisladores y varios empresarios.

En las investigaciones también han salido a relucir funcionarios de Argentina, Guatemala y Venezuela. Fuera del continente, las prácticas corruptas de este consorcio alcanzaron también a Mozambique y Angola.