Gustavo Castillo y Eduardo Murillo

Por segunda ocasión en la historia, un ex presidente mexicano podría ser llevado a proceso penal. Lo anterior, si la Fiscalía General de la República (FGR) judicializa el caso en el cual se señala a Enrique Peña Nieto como involucrado en cuestiones de financiamiento ilícito a una campaña electoral y haber ordenado durante su mandato la entrega de sobornos a legisladores para que aprobaran las llamadas reformas estructurales.

La primera vez que un ex mandatario fue formalmente llevado a juicio ocurrió en noviembre de 2006, cuando se libró una orden de aprehensión en contra de Luis Echevarría Álvarez, quien gobernó el país de 1970 a 1976.

A Echeverría se le señaló de ser presunto responsable del delito de genocidio por la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fungía como secretario de Gobernación.

El ex mandatario enfrentó dos procesos penales, uno de ellos relacionado con el 2 de octubre y el otro con la matanza del 10 de junio de 1971 (cuando era presidente en funciones); sin embargo por su edad y estado de salud, ambos juicios los pasó en prisión domiciliaria. Luego de tres años fue exonerado.

Ayer el ex presidente Peña Nieto (periodo 2012-2018) fue señalado por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, de haber incurrido en financiamiento ilícito, al ordenar en 2012 que 100 millones de pesos que la empresa Odebrecht entregó como soborno se utilizaran para el pago de asesores extranjeros en su campaña presidencial.