César Arellano García

Autoridades relacionan a Salvador Lara Martínez con La estafa maestra

El ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), Salvador Lara Martínez, tendrá que enfrentar a la justicia mexicana luego de que un tribunal colegiado en materia penal rati­ficó la sentencia de un juez federal, quien le negó un amparo contra su vinculación a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por un probable daño patrimonial de 34 millones 500 mil pesos. Debido a este caso fue inhabilitado por 20 años para de­sempeñar cargos públicos.

Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del juzgado primero de amparo, notificó la semana pasada la resolución del colegiado, que confirmó que no ampara ni protege al ex rector de la UPSZ.

Las autoridades relacionan a Lara Martínez con el millonario desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos que fueron otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga (quien en la actualidad se encuentra en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha) cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre 2012 y 2018, caso conocido como La estafa maestra.

Durante la audiencia de agosto de 2019, en la cual se informó a Robles Berlanga la acusación en su contra por los desvíos de recursos públicos, se mencionó que Emilio Zebadúa, ex oficial mayor en Sedesol y Sedatu, era quien dirigía las acciones para elaborar los contratos con universidades y otras entidades públicas y privadas, mediante los cuales se cometió el desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Otro de los coacusados por la llamada estafa maestra es Ramón Sosamontes, quien se desempeñó como jefe de oficina en ambas instituciones federales.

Entre los datos de prueba que en su momento presentó el Ministerio Público Federal, fueron los convenios que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas; entre ellos, Emilio Zebadúa y Sosamontes. En ellos se indica que en sólo cuatro años suscribieron convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos.