Eduardo Murillo y César Arellano

La persecución de José Antonio Y., El Marro, incluyó la detención temporal de varios de sus familiares.

El 6 de marzo pasado, su padre, Rodolfo Yépez, fue aprehendido en un retén de la Guardia Nacional y policías estatales en calles del centro de Celaya, Guanajuato, cuando conducía un automóvil con reporte de robo.

Por tratarse de un delito del fuero común, lo presentaron ante la fiscalía estatal, la cual lo consignó ante un juez local acusado por robo equiparado, considerado no grave, por lo que el 26 de junio le concedieron libertad bajo fianza de 10 mil pesos, luego de que se considerara su edad (60 años), por el riesgo de contraer Covid-19 en prisión.

Días antes, el 20 de junio, la madre del cabecilla huachicolero, María Ortiz, su hermana Juana y su prima Rosalba fueron detenidas por la Secretaría de la Defensa Nacional en el poblado San Isidro Elguera, municipio de Celaya.

A ellas se les acusaba de ser presuntas operadoras financieras del cártel Santa Rosa de Lima, pues en el inmueble donde se encontraban fueron decomisados más de 2 millones de pesos en efectivo y un kilogramo de metanfetaminas.

Por este operativo, El Marro publicó en redes sociales un video en el que, al borde del llanto, denunciaba la presunta complicidad de autoridades estatales y federales con el cártel Jalisco Nueva Generación, su rival en el robo de combustibles.

Tras eso se desató una violenta movilización de sus cómplices, quienes bloquearon varias carreteras y quemaron vehículos; en estos enfrentamientos fueron detenidas 26 personas.

Una semana después, un juez estatal ordenó la liberación de las mujeres, luego de que durante la audiencia inicial consideró que no había elementos suficientes para vincularlas a proceso.