Eduardo Murillo,

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Emilio Lozoya Austin de haber recibido 3 millones 300 mil dólares, que el imputado utilizó para la compra de una residencia en Lomas de Bezares, a cambio de que autorizara en 2015 la compra con un sobreprecio de 200 millones de dólares de la empresa Agronitrogenados, la cual pertenecía a Altos Hornos de México (Ahmsa) y estaba en condiciones inoperables.

Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la dirección de Lozoya, pagó 485 millones de dólares por dicha planta, cuando la construcción de una nueva habría costado entre 200 a 300 millones de dólares, dijo el Ministerio Público Federal durante la audiencia en la cual se le notificó al ex funcionario que enfrenta acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público.

Estas imputaciones no tienen relación con el caso de la firma brasileña Odebrecht, en el que se le acusa de haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares.

La FGR informó al juez José Artemio Zúñiga Mendoza que el daño al patrimonio nacional continuó, ya que Pemex Fertilizantes ha gastado 150 millones 862 mil 375 dólares en tratar de reactivar la planta y las pérdidas siguen debido al vencimiento de la deuda contraída para esta operación.

Durante la audiencia, que forma parte de la causa penal 211/2019, se presentaron 27 pruebas documentales de la ilicitud de la compra de Agronitrogenados y los delitos cometidos por Lozoya Austin, entre ellos, un documento elaborado el 5 de marzo de 2019 por la representante legal de Pemex, Martha Edith Márquez Acosta, donde denunció que inicialmente solicitaron para esta operación 400 millones de dólares.

Sin embargo, el primero de diciembre de 2013 el costo fue aumentando, por lo cual se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que hiciera una estimación del precio real de las instalaciones, pero el Consejo de Administración de Pemex decidió que lo realizara una firma privada.

El estudio del Indaabin señaló que la planta de Agronitrogenados tenía 14 años inactiva, y PMI de Norteamérica, filial de Pemex, determinó que 82 por ciento de la maquinaria de la instalación necesitaba renovarse.

La FGR también presentó como indicio de prueba la denuncia que el 2 de mayo de 2019 hizo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra de Emilio Lozoya, su hermana Gilda Susana y Alonso Ancira, dueño de Ahmsa, en la cual se demostró que la empresa Tocho Holdings fue utilizada para recibir transferencias desde 2012, esto es, incluso antes de que fuera nombrado director general de Pemex, para que una vez al frente de la dependencia autorizara la compra de la planta chatarra.

A través de Tochos Holdings, Lozoya y su hermana Gilda Susana recibieron, mediante cuentas bancarias en Suiza, varias transferencias, una de un millón 500 mil dólares y luego otra de un millón 800 mil dólares, los cuales fueron utilizados para la compra de la casa ubicada en Ladera 20, interior 11, en el fraccionamiento La Retana, Lomas de Bezares, Ciudad de México.

Esta transacción fue detectada por la UIF, a la cual le llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble que no le representaba ninguna ganancia ni estaba vinculada a sus actividades comerciales y quedara a nombre de una persona ajena a la firma. Gilda Susana Lozoya también está acusada de lavado de dinero por estas operaciones.

En la audiencia, los representantes legales de Pemex y de la UIF se sumaron a la solicitud de la FGR de vincular a proceso a Emilio Lozoya afirmando que sus conductas causaron daño a la empresa productiva del Estado, y señalaron que el ex funcionario alentó la compra de la planta, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz.