Gustavo Castillo

El 28 de octubre de 2014, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, encabezó una diligencia en el río Cocula, durante la cual se localizaron dos bolsas de plástico que contenían 60 mil restos óseos que, de acuerdo con las investigaciones, correspondían a los estudiantes cuyos cuerpos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.

Zerón de Lucio, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), llevó a cabo la diligencia ministerial en forma ilegal, ya que el detenido, Agustín García Reyes, El Chereje, fue trasladado de las instalaciones de la Procuraduría General de la República a Cocula sin su abogado e incumpliendo los protocolos jurídicos.

La investigación del GIEI consideró que las pruebas fueron sembradas, porque Tomás Zerón realizó la diligencia formal de recolección hasta el 29 de octubre y no informó de la presencia de él y del detenido un día antes.

Los peritajes realizados por la Universidad de Innsbruck determinaron que uno de los 14 restos que analizaron –obtenidos de una de las bolsas– correspondían al estudiante Alexander Mora Venancio.

Zerón de Lucio es considerado prófugo de la justicia y enfrenta una orden de aprehensión por tortura y delitos contra la administración de la justicia por este caso.