Aldo Anfossi

Militariza la vigilancia de la cuarentena; se encarcelará a quien no cumpla

Santiago. El gobierno chileno rechazó la idea de hibernar a Santiago u otras ciudades con el fin de atajar la catástrofe sanitaria del Covid-19 que se propaga incontenible, pero prometió reforzar el control policiaco y militar con 70 mil efectivos desplegados para impedir la circulación por las ciudades en cuarentena.

En la conferencia diaria para dar cuenta de las víctimas que va dejando el coronavirus –más de 220 mil contagiados, 3 mil 615 muertos (232 ayer) y la tasa mundial más alta de contagios por millón de habitantes–, las autoridades de salud se hicieron acompañar del ministro de Defensa, Alberto Espina, quien usó un tono críptico y amenazador con el propósito de exigir responsabilidad a los ciudadanos y enfatizar las penas de cárcel con que se buscará castigar a quienes consideró irresponsables.

El presidente Sebastián Piñera decretó la renovación del estado de catástrofe con una misión: salvar la vida de nuestros compatriotas y proteger la salud de todos los habitantes de Chile. Esa misión la vamos a llevar adelante, liderados por el presidente y bajo la conducción del Ministerio de Salud, con el total apoyo de las fuerzas armadas y las policías. Eso lo vamos a hacer contra viento y marea y es una misión noble, porque significa salvar vidas, y en este momento hay 70 mil 20 efectivos (de los cuales 30 mil son militares) desplegados, advirtió Espina.

El ministro celebró que está por aprobarse un proyecto de ley que aumenta considerablemente las penas a quienes infringen las medidas sanitarias, al pasar de 541 días a cinco años de cárcel e incluye a quienes convocan a espectáculos, celebraciones o festividades, lo mismo que a los empleadores que obliguen a sus trabajadores a realizar actividades sin permiso.

El que infringe (las restricciones) va a tener que someterse a esa penalidad, porque no puede haber contemplación con quienes están poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas, sostuvo.

Espina aseguró que en los tres meses de pandemia hubo 17 millones de fiscalizaciones a habitantes y 6.5 millones de vehículos, pero ese esfuerzo no ha impedido que personas, de manera irresponsable, pongan en riesgo la vida de los compatriotas por no cumplir con medidas sanitarias.

La fiscalización en terreno, dijo, será extraordinariamente rígida y rigurosa en todas las avenidas relevantes, también a los peatones, aunque eso signifique largas demoras, para reducir la movilidad a 50 por ciento.

La subsecretaria de Salud, Katherine Martorell, quien usó la palabra catástrofe para describir la situación, fue la encargada de rechazar la propuesta de clausurar Santiago, planteada antier por un grupo de expertos.

No es posible hablar de una hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta a calidad de vida de las personas que están en cuarentena, no permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios básicos, pero vamos a restringir al máximo los permisos porque si no disminuimos el desplazamiento, no vamos a lograr el objetivo, que es salir adelante de esta catástrofe, de la pandemia, afirmó, luego de detallar las principales restricciones y fiscalizaciones.

La sensación tras el mensaje de amenaza desplegado por el gobierno chileno no es sólo que la pandemia se les ha escapado de las manos, sino que no está a la vista un horizonte cercano para siquiera atenuar la propagación del virus.

El ministro de Salud, Enrique Paris, se negó a hacer proyecciones sobre la situación, a hablar de pronósticos de máximos o de mesetas en la curva de contagios, a la vez que se transmite a las personas la obligación de permanecer en casa, cuando la ayuda estatal es escasa, tardía e incierta. La de un país miserable, decía la tarde de ayer un comentarista.