Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Un paciente con síntomas de Covid-19 es acompañado por ocho personas, quienes tuvieron que esperar fuera del INER en lo que su familiar era internado.

La Comisión Permanente formuló ayer un reconocimiento al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y a sus médicos, ingenieros biomédicos y cirujanos por haber desarrollado el ventilador VSZ-20, que será de gran apoyo para atender la emergencia generada por el Covid-19.

Asimismo, encomió el esfuerzo conjunto de la institución con el Tecnológico de Monterrey y las empresa Femsa y Metalsa en la fabricación de los componentes y el ensamble del primer respirador artificial para combatir el Covid-19 totalmente hecho en México.

Por su lado, el diputado Mario Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, pidió a esta institución realizar auditorías a los tres órdenes de gobierno por el uso de recursos públicos para atender la pandemia y detectar presuntas irregularidades. Además, exhortó a la Secretaría de la Función Pública para que acompañen de forma preventiva los procesos de compra durante la contingencia.

Durante la sesión se presentó una veintena de iniciativas relacionadas con el Covid-19, entre ellas una de Lucía Trasviña, senadora de Morena, quien propuso reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) a fin de que en los periodos de emergencia sanitaria se garantice indemnización a deudos de médicos y enfermeras.

Esta propuesta, subrayó Trasviña, da la pauta para que en caso de muerte del trabajador de la salud, su pareja en viudez pueda percibir una indemnización destinada a no dejar en total desamparo a sus dependientes económicos.

Los senadores priístas Silvana Beltrones y Eruviel Ávila presentaron otra reforma para perseguir de oficio e incrementar penas a quien amenace y agreda a personal médico y a otros trabajadores cuyas labores son necesarias para atender emergencias y desastres, como cuerpos de emergencias y rescate, bomberos, protección civil y fuerzas armadas, así como de instituciones policiales y de procuración e impartición de justicia.

La iniciativa plantea reformar y adicionar el Código Penal Federal para que conductas como discriminación, agresiones, amenazas y todo acto de violencia se tipifique de manera clara e independiente por tratarse de una situación excepcional, considerando una sanción de dos a siete años de prisión para quien la cometa.

Busca además que se incrementen la pena de prisión para conductas delictivas de la forma siguiente: lesiones, hasta ocho años si se pone en riesgo la vida; extorsión, hasta 12 años; secuestro, que sea considerado delito agravado y se castigue con 90 años de cárcel, y homicidio hasta 50 años, el doble que para un homicidio intencional simple.