Fernando Camacho Servín

La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) del caso de la muerte de la abogada Digna Ochoa no sólo representa la oportunidad de demostrar que se trató de un asesinato y no de un suicidio, sino también de comprobar que hay elementos para hablar de un crimen de Estado, señalaron los familiares de la víctima y la organización civil que los acompaña.

En conferencia de prensa, David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADHJS), recordó que desde el asesinato de Ochoa, ocurrido en 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió de oficio un expediente para analizar de qué forma se llevó a cabo la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre el caso, instancia que clasificó lo ocurrido como un presunto suicidio.

Sin embargo, recordó el abogado, en mayo de 2019 la CIDH emitió un informe de fondo en el cual señaló que las autoridades capitalinas habían cometido irregularidades graves en la indagatoria, entre ellas no investigar las amenazas previas en contra de Digna Ochoa, por lo que emitió una declaración de responsabilidad del Estado mexicano.

Jesús Ochoa, hermano de Digna, destacó que al llegar el caso a la Coridh, hoy existe la posibilidad de ofrecer las pruebas que guardamos con mucho celo para que investigaran un probable asesino. Esto no fue más que un crimen de Estado.

En el mismo sentido, la abogada Karla Micheel Salas, también integrante del GADHJS, coincidió en qué hay muchos elementos para decir que fue un crimen de Estado, al no haberse agotado las líneas de investigación que sugerían un probable caso de homicidio.

Las fallas en la indagatoria ocurrieron, señaló, a pesar de que en el caso hubo una sobreinvestigación, pues el expediente consta de más de 50 mil fojas y se realizaron 269 peritajes, después de los cuales las autoridades capitalinas señalaron que la defensora de derechos humanos se había suicidado, pero además había tratado de fingir que su muerte había sido un asesinato.

Salas recordó que otra falla grave de los gobiernos de la capital y el federal fue no haber protegido a los testigos que señalaron la existencia de amenazas contra Ochoa –lo que provocó el asesinato o desaparición de cuatro de ellos– y la estigmatización de género de la cual fue víctima la abogada para hacerla responsable de su propia muerte.

Tras el informe de la CIDH, autoridades capitalinas se dijeron dispuestas a retomar las investigaciones, señalaron los litigantes.